La UNP responde a las protestas, afirma que no hubo nombramientos

La Unidad Nacional de Protección (UNP) emitió un comunicado para responder a las manifestaciones de su sindicato, que está solicitando mejoras en las condiciones laborales. La UNP asegura que el proceso de formalización de los nuevos cargos está en curso, avanzando según lo planificado y dentro del marco legal vigente.

El sindicato, que agrupa a trabajadores temporales de la UNP, reclama mayor transparencia en la contratación de alrededor de 6.000 escoltas, así como en la asignación de vacantes. Ante estas demandas, la UNP mencionó que cuenta con los recursos económicos necesarios para llevar a cabo los cambios exigidos y garantizó el flujo presupuestal requerido para cumplir con sus obligaciones laborales.

La entidad también comunicó que está trabajando en la provisión de 6.870 empleos que fueron recientemente autorizados por decreto. Este sistema tiene como objetivo proporcionar estabilidad a los empleados y responder adecuadamente a las exigencias del sindicato, al mismo tiempo que fortalece su estructura interna.

La UNP destacó que, de acuerdo con el Decreto 019 de 2026, que dio origen a estos nuevos puestos, se avanza en los procesos requeridos para la provisión de los cargos, como es el proceso de encargos. Esta etapa busca asegurar la movilidad y ascenso del personal actual antes de proceder con nombramientos definitivos. La entidad aclaró que hasta ahora no se han realizado nombramientos temporales y que primero deben cumplirse las exigencias legales necesarias.

En el contexto de las protestas, la UNP anunció la suspensión del Proceso de Selección Abreviada (PSA) para la contratación de personal de protección, decisión tomada a raíz de una orden judicial. La institución está realizando gestiones legales para reanudar este proceso a la brevedad posible.

Respecto a la licitación para las zonas 1 y 2, la UNP explicó que su apertura fue limitada debido a la disponibilidad parcial de fondos asignados por el Ministerio de Hacienda. Resaltó que las demoras en el flujo de recursos son consecuencia de la falta de aprobación de una reforma tributaria y de restricciones fiscales, pero enfatizó que esto no implica que no haya recursos disponibles.

Finalmente, el organismo insistió en que no se interrumpirá el servicio de protección y que los contratos actuales seguirán vigentes. Se reafirmó el compromiso de mantener la transparencias y la igualdad de condiciones en la selección de personal, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, que regula la contratación pública en Colombia.