Laura Fernández critica la inacción del Poder Judicial de Costa Rica ante la violencia

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ha expresado su preocupación por el incremento de la violencia y la crisis de criminalidad en el país, señalando al Poder Judicial como un actor clave en esta problemática. En una entrevista reciente, Fernández destacó que la falta de colaboración de este órgano ha obstaculizado los esfuerzos para combatir el crimen, evidenciando una desconexión entre los distintos poderes del Estado.

Fernández argumentó que el sistema judicial tiene un gran déficit normativo y operativo, lo que permite a delincuentes reincidentes, como un individuo arrestado en 411 ocasiones, seguir en libertad. Esta situación mejora la sensación de inseguridad en la ciudadanía, la cual considera la seguridad como su principal preocupación, llevando a la presidenta a ponerla en la cúspide de su agenda de gobierno.

En respuesta a esta crisis, la administración de Fernández ha implementado diversos proyectos de modernización legal. Entre ellos destaca el programa "cero ocio" en los centros penitenciarios, que busca integrar a las personas privadas de libertad en actividades productivas, como el mantenimiento de infraestructuras en las comunidades. La mandataria subrayó que estas iniciativas son parte de su compromiso por reducir la reincidencia delictiva y mejorar la situación de los reclusos.

Sin embargo, la presidenta ha denunciado la falta de cooperación entre instituciones, particularizando en el ámbito judicial. Fernández mencionó que en 2025 se frustraron al menos 55 allanamientos solicitados por la Policía de Control de Drogas debido a las ausencias de fiscales, quienes priorizaron otros compromisos o estaban de vacaciones. Esto, según la mandataria, ha permitido que individuos vinculados al narcotráfico eviten la justicia.

Por su parte, el Poder Judicial ha defendido su independencia y argumentado que el gobierno, mediante recortes presupuestarios, amenaza su funcionalidad. Autoridades judiciales han advertido que podrían enfrentar dificultades operativas, afectando aspectos críticos como la provisión de recursos para la realización de peritajes. Además, han resaltado que las decisiones sobre la detención y ejecución de penas son prerrogativas de los jueces.

La tensión institucional ha escalado luego de que las autoridades judiciales no asistieran a un Consejo Nacional de Seguridad, una situación que Fernández calificó como un "desplante al pueblo de Costa Rica". Pese a estas fricciones, la presidenta convocó al diálogo y manifestó su disposición para trabajar junto al Poder Judicial en la búsqueda de soluciones que enfrenten la crisis de seguridad y restauren la confianza de la ciudadanía.