Libertad de un hombre condenado por matar a su esposa embarazada tras 22 años prófugo

El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego decretó la extinción por prescripción de la acción penal contra Ramón Ángel Abregú, quien fue condenado a 20 años de prisión en 2000 por el homicidio de su esposa embarazada, Eva Azulina Falcón, en Río Grande. La decisión se formalizó el 23 de septiembre y significó la inmediata liberación de Abregú, que había estado prófugo desde su fuga en 2001 de la unidad penitenciaria.

El hecho del que se le acusa ocurrió el 23 de enero de 2000, cuando Abregú disparó contra su pareja dentro de un consultorio médico, resultando en su muerte y en la pérdida del embarazo. La condena fue ratificada en 2001 tras un recurso de casación rechazado por el Superior Tribunal. Sin embargo, luego de su fuga, estuvo fuera del alcance de la justicia durante más de dos décadas.

En octubre de 2023, Abregú se entregó a las autoridades y solicitó que se declarara la prescripción de su condena. El tribunal se pronunció tras estudiar si había habido actos que interrumpieran el plazo de prescripción. La mayoría de los jueces consideró que no se presentaron tales circunstancias, apoyando su decisión en un precedente de la Corte Suprema que aborda la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo.

En su fallo, los jueces María del Carmen Battaini, Javier Muchnik y Sergio Diéguez argumentaron que la falta de causales legales de suspensión o interrupción permitía la extinción de la acción penal. En contraste, el juez Ernesto Löffler votó en disidencia, advirtiendo que esta decisión podía perpetuar patrones de desigualdad y violencia de género, contraviniendo compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado argentino.

Este caso genera un importante debate en la región sobre la aplicación de la justicia en casos de violencia de género y los mecanismos de protección a las víctimas. La decisión del máximo tribunal resalta la complejidad de la normativa penal y su interacción con los derechos humanos, en un contexto donde la violencia de género sigue siendo un problema crítico en la sociedad argentina.

La decisión final ha suscitado reacciones variadas en la comunidad y pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, así como en la revisión de los procedimientos legales que atañen a este tipo de delitos.