Licenciada en obstetricia imputada por mala praxis en colocación de implante
Una obstetra del Hospital de Rawson fue imputada tras una denuncia por la mala praxis en la colocación de un implante anticonceptivo, que provocó necrosis en el brazo de una joven. La víctima no pudo ingresar a la Policía del Chubut debido a las complicaciones surgidas tras el procedimiento.
La Fiscalía de Rawson ha imputado a una licenciada en obstetricia por lesiones graves culposas durante un procedimiento de colocación de un implante anticonceptivo subdérmico a una paciente de 22 años. El suceso, que tuvo lugar el 20 de marzo, resultó en una necrosis en el brazo izquierdo de la joven, que posteriormente requirió una intervención médica para la extracción del dispositivo.
La imputación formal fue realizada en una audiencia ante la jueza de garantías Laura Martini. La fiscal Daiana Sandoval presentó un pedido para abrir una investigación, sustentado en diversas pruebas recopiladas hasta el momento. El caso, que busca dilucidar presuntas negligencias en la práctica médica, está bajo la dirección del fiscal general Leonardo Cheuquemán Levill.
Según la acusación, en lugar de administrarle lidocaína, el anestésico comúnmente utilizado en este tipo de procedimientos, la obstetra L.R. habría utilizado una sustancia no identificada que desencadenó la lesión en la paciente. La joven, identificada por sus iniciales V.T., ha relatado cómo este desagradable incidente ha impactado no solo en su salud, sino también en sus aspiraciones profesionales, ya que estaba en camino a ingresar a la Policía del Chubut.
En los elementos de prueba presentados, figuran historias clínicas, informes forenses y testimonios de profesionales de la salud y familiares de V.T. Asimismo, se han incluido hallazgos realizados durante un allanamiento en el hospital donde ocurrió la mala praxis.
A pesar de la gravedad de los cargos, el abogado defensor de la obstetra, Emilio Galende, no objetó la apertura de la investigación ni la calificación legal establecida por la Fiscalía. Ante esto, la jueza Martini dispuso formalmente la apertura de la investigación, la cual tendrá un lapso legal de seis meses. Además, se instó a ambas partes a buscar una solución alternativa que pudiera resolver el conflicto de manera más efectiva.
Este caso plantea un serio interrogante sobre las prácticas médicas en la región y la necesidad de supervisión y control en los procedimientos realizados en hospitales públicos. Las repercusiones para la joven no solo son médicas, sino también profesionales, lo que pone de relieve la importancia de la diligencia en la atención a la salud en la provincia.