Lorenzetti defendió fallo que protege la Ley de Tierras Rurales

El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, respaldó el fallo del tribunal que suspendió un artículo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras Rurales, reafirmando el compromiso histórico de la Corte con la protección de los recursos naturales. Este decreto había establecido la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, lo que generó preocupaciones sobre el impacto ambiental y la participación social en el ámbito democrático.

Durante una entrevista, Lorenzetti enfatizó la importancia de la decisión en defensa del medio ambiente y la necesidad de asegurar una tutela judicial efectiva. Explicó que, además de los motivos ambientales, la resolución responde a la escasa acción judicial que se había presentado respecto al tema, con solo dos medidas cautelares efectuadas a pesar de la amplia repercusión que ha tenido en la sociedad.

El fallo, que contó con el respaldo de otros jueces del tribunal, argumenta que la suspensión del artículo 154 del DNU es necesaria para evitar daños irreparables a los recursos naturales. Lorenzetti citó el artículo 32 de la Ley General del Ambiente, que permite a los jueces adoptar medidas de protección aun sin una solicitud formal, enfatizando así la responsabilidad del sistema judicial en la defensa del medio ambiente.

El juez también se refirió a la diversidad de opiniones dentro del tribunal como algo positivo, aunque surge una disidencia por parte de su colega Carlos Rosenkrantz, quien cuestionó la competencia de la Corte para dictar la cautelar y sugirió que el caso debería ser tratado por la Justicia Federal de Bariloche.

Identificando la falta de acciones judiciales como un área de mejora, Lorenzetti instó al público y a las organizaciones a que se involucren más activamente en la canalización de sus demandas a través de acciones judiciales y del Congreso, considerando que la participación institucional es fundamental para avanzar en la protección del medio ambiente.

La discusión en torno a la Ley de Tierras Rurales es especialmente relevante en la Patagonia, donde la gestión y uso de los recursos naturales son temas críticos. La postura de la Corte podría tener implicaciones significativas en cómo se regulan las inversiones extranjeras en tierras rurales en esta región, que posee vastos recursos tanto naturales como agropecuarios.

A medida que el debate continúa, los próximos pasos dependerán de la respuesta de la comunidad y de las acciones legales que se puedan mover en ámbitos judiciales y legislativos.