Luis Caputo impone exigencias a bonos provinciales en Fondo de Indemnizaciones
El Ministerio de Economía ha publicado una resolución que regula los Fondos de Asistencia Laboral, donde se impone una exigencia de calificación de riesgo. Esto ha dificultado el acceso de las provincias a los recursos, dejando en una mejor posición a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Recientemente, el Ministerio de Economía argentino ha dado a conocer la normativa que rige el funcionamiento de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un sistemas diseñado para canalizar recursos destinados a indemnizaciones laborales. Sin embargo, la inclusión de un requisito de calificación de riesgo ha limitado de manera significativa la participación de las provincias, a diferencia de lo que sucede con los bonos del Estado Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Luis Caputo, actual ministro de Economía, estableció que para que los bonos provinciales puedan acceder a los recursos del FAL, deben tener una calificación de riesgo "AAA" en la escala nacional, lo que actualmente solo se cumple por la CABA. Esta condición deja a las provincias en una situación desfavorable, ya que según informes, ninguna jurisdicción cuenta con la categorización requerida, lo que limita su acceso a fondos necesarios para la asistencia laboral de sus trabajadores.
La reglamentación determina que los recursos pueden ser invertidos en títulos del Estado Nacional, bonos de provincias o CABA, depósitos bancarios y obligaciones negociables de empresas privadas. No obstante, los títulos de las provincias quedan marginados debido a la alta exigencia de calificación. De hecho, provincias como Córdoba y Mendoza, que tienen un perfil de endeudamiento relativamente saludable, tampoco logran cumplir con la nota crediticia requerida por la Secretaría de Finanzas.
Además, la normativa establece que los bonos provinciales solo pueden representar un máximo del 15% del total invertido en el FAL, y que ningún distrito en particular puede recibir más del 5% del total del fondo. Sin embargo, estos límites resultan prácticamente irrelevantes en la práctica, dado que inicialmente las provincias no cumplen con el criterio de calificación, lo que las excluye del acceso a los fondos.
En contraste, los bonos nacionales no enfrentan tales restricciones. Este diseño genera una preocupación entre las provincias, que ven limitadas sus opciones de financiamiento en un escenario donde la financiación provincial es crucial para la economía local. Según un funcionario de una provincia consultado, esta medida parece estar orientada a favorecer las inversiones en bonos nacionales, dejando a las provincias al margen de los beneficios que podría ofrecer el FAL.
La polémica alrededor de esta regulación pone en evidencia las diferencias en el tratamiento financiero entre las jurisdicciones nacionales y provinciales, planteando un desafío significativo para la gestión financiera de las provincias en el contexto actual.