Luque solicita informes sobre aumento de gas que afecta a más de 126 mil patagónicos

El diputado Juan Pablo Luque ha instado al Poder Ejecutivo Nacional a proporcionar información detallada sobre el mecanismo dispuesto por el ENREGE que llevará a un aumento del 35% en el cargo fijo del gas. Este incremento, aprobado por la Resolución N.º 575/2026 el pasado 8 de septiembre, impactará a 126.711 usuarios en 25 localidades de la región patagónica, concentrándose en comunidades de Chubut, Río Negro y Neuquén.

Entre las localidades chubutenses más afectadas se encuentran Esquel, con 14.176 usuarios, Trevelin (3.946), y Lago Puelo (3.816), entre otras. Luque expresó su preocupación por la carga que este aumento impondrá a los sectores más vulnerables, subrayando que el gas es una necesidad básica en la región en lugar de un tipo de consumo optativo. La denuncia también hace hincapié en que las decisiones financieras tomadas no deberían recargarse sobre los mismos usuarios que necesitan el servicio.

La controversia radica en cómo se estructuró el financiamiento por parte de Camuzzi Gas del Sur para las obras del gasoducto Cordillerano-Patagónico, cuyo costo inicial en créditos fue de $25.800 millones, pero con la capitalización de intereses e IVA aumentó a $35.111 millones, generando un sobrecosto de $9.311 millones. Luque cuestionó la lógica detrás de aplicar este costo adicional a los usuarios y a quiénes se les atribuirá la responsabilidad por este esquema.

En su pedido, Luque también exige aclaraciones sobre el impacto diferencial que tendrá este cargo en localidades de la meseta central de Chubut, como Gobernador Costa y José de San Martín, donde los indicadores económicos son más bajos. La propuesta actual de carga fija se aplicaría de manera uniforme a todos los usuarios, sin considerar medidas de mitigación para aquellos con mayor vulnerabilidad económica.

El plazo de 15 días hábiles que se ha conferido para la consulta pública es motivo de crítica para el diputado, quien considera que es insuficiente, dado el volumen de usuarios afectados y la complejidad del tema que requiere de un análisis profundo. La conexión y acceso a internet en las zonas más remotas también se presenta como un obstáculo para una adecuada participación en la consulta.