Marcelo Román anticipa veto a la ordenanza del referéndum revocatorio

El intendente de Allen, Marcelo Román, ha declarado su intención de vetar la ordenanza recientemente aprobada por el Concejo Deliberante, que convocaba a un referéndum revocatorio de su mandato. Esta decisión se produce luego de que la Justicia suspendiera el llamado original, que había sido establecido mediante una resolución. Román argumenta que la nueva norma no puede entrar en vigor a tiempo para la consulta, programada para el 8 de noviembre, debido a los plazos legales estipulados en la Carta Orgánica municipal.

La ordenanza fue aprobada por seis votos a favor y tres en contra, y su aprobación tenía como objetivo habilitar la consulta popular tras la recolección de firmas necesaria. Sin embargo, el intendente sostiene que existen "irregularidades" que sustentan su veto. Afirmó que el proceso administrativo correspondiente a la entrada en vigencia de la nueva norma no se completará a tiempo, lo que impediría la realización efectiva del referéndum.

La Carta Orgánica de Allen establece, en su artículo 65, que las ordenanzas comienzan a regir cinco días hábiles después de su publicación, lo que complica aún más la posibilidad de realizar la votación en la fecha estipulada. Román enfatiza que el veto será formalizado en los próximos días y atribuyó toda la responsabilidad de la situación a los concejales, quienes impulsaron la convocatoria.

Además, Román citó el artículo 102 de la Carta Orgánica, que exige que, una vez cerrados los libros de firmas y alcanzado el 20% del padrón electoral, se convoque al referéndum dentro de los 30 días siguientes. Según su interpretación, dado que las planillas se cerraron el 9 de octubre, el plazo para realizar la consulta culminaría el 8 de noviembre, lo que refuerza su postura de que resulta imposible fijar una nueva fecha para el referéndum.

El 15 de octubre, el Concejo Deliberante había aprobado la Resolución 061/2026 para celebrar la consulta el 8 de noviembre, pero ante la situación actual y el anuncio del intendente, la realización del referéndum queda en incertidumbre. Las declaraciones de Román han generado un debate en la comunidad sobre la validez y la necesidad de este mecanismo de revocación, que ha sido interpretado como una respuesta a su gestión.

Este conflicto político pone de manifiesto la tensión entre el ejecutivo municipal y el legislativo local, y marca un nuevo capítulo en los desafíos que enfrenta la administración de Román en un contexto de creciente disconformidad social y política, visibilizando el impacto de las decisiones administrativas sobre la participación ciudadana.