Más de 100 familias ocupan terreno frente al río Limay y piden ser regularizados
Un terreno frente al río Limay, adquirido por medio de una subasta judicial, es ocupado ilegalmente por más de 100 familias. Pese a la falta de servicios, la comunidad pide ser regularizada.

El conflicto por un terreno situado frente al río Limay en Neuquén se ha intensificado, ya que más de 100 familias habitan de manera irregular en la zona desde hace casi una década. Este terreno fue adquirido en 2015 por Fernando Alric y sus hijos a través de una subasta judicial, en el contexto de la sucesión de la familia Corsino. Cuando los nuevos propietarios tomaron posesión, solo unas cinco familias residían allí, pero en la actualidad ese número ha crecido significativamente, junto con la aparición de comercios informales, como kioscos y parrillas, que responden tanto a la población local como a los turistas que visitan la región.
Ubicado en lo que los ocupantes llaman el "Barrio Orillas del Limay", el asentamiento se encuentra en una ubicación estratégica, justo en el Paseo Costero, entre el club Unipol y la rotonda de la calle Obrero Argentino. A pesar de su atractivo geográfico, las familias que allí residen enfrentan serias carencias, careciendo de acceso adecuado a servicios básicos de infraestructura, como agua potable y electricidad, y algunos optan por conexiones clandestinas que generan riesgos significativos para su seguridad.
Pablo Valenzuela, abogado de los propietarios del terreno, explicó que a lo largo de un proceso judicial que se extiende por seis años, aún no se ha emitido una sentencia favorable para lograr el desalojo. Durante este tiempo, la situación legal se ha complicado, pasando de ser una ocupación menor a un problema estructural, con subdivisiones no autorizadas que agravan la situación en la zona.
Valenzuela subrayó que, aunque existe una problemática habitacional notable en el área que justifica la preocupación social, el problema no puede solucionarse mediante la legitimación de la ocupación de terrenos privados. Aseguró que la responsabilidad de proporcionar soluciones habitacionales recae en el Estado, y no puede ser transferida a propietarios individuales que enfrentan sus propios desafíos legales.
El terreno en cuestión, que alguna vez fue una cantera y ahora es un foco de tensiones entre propietarios y ocupantes, ha generado un debate sobre el acceso a la vivienda y la regulación de la tierra en una ciudad en crecimiento como Neuquén. La creciente presión sobre la demanda de tierras, sumada a la falta de oferta de viviendas adecuadas, plantea una serie de desafíos que las autoridades locales deberán abordar.
La situación sigue sin resolverse, mientras tanto, las familias insisten en su necesidad de regularización, deseando poder acceder a servicios e infraestructura. Sin embargo, la complejidad del marco legal y las reivindicaciones de los propietarios continúan en un punto muerto. En las próximas semanas, se espera que continúen las audiencias y se tomen decisiones que podrían definir el futuro de esta comunidad.