Más de la mitad de los beneficiarios del IMV en España accede a otras ayudas sociales

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó su quinta opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), destacando que un 51% de los beneficiarios de esta ayuda también accede a al menos otra prestación social. Entre las ayudas que se combinan, el subsidio por desempleo es el más común, siendo especialmente notable entre las personas mayores de 52 años. Este fenómeno revela una superposición de distintas asistencias que se ha vuelto una constante en la vida de muchos beneficiarios, aunque también pone de manifiesto los retos en la coordinación del sistema de prestaciones en España.

En el año 2025, un total de 455.401 hogares en territorio fiscal común recibieron el IMV, lo que representa un incremento del 16% en comparación con el año anterior. A su vez, el complemento de ayuda para la infancia (CAPI) llegó a 540.638 hogares, con un crecimiento del 20%. Sin embargo, el informe señala que el 52% de los hogares que cumplen con los requisitos para solicitar el IMV aún no lo ha hecho, lo que puede atribuirse a barreras administrativas y falta de información sobre el proceso de solicitud.

La AIReF también indica que, aunque el IMV ha servido para disminuir la pobreza, la interrelación con otras ayudas aún debe ser perfeccionada. En este contexto, el subsidio por desempleo y otras prestaciones complementarias hacen que más de la mitad de los beneficiarios dependa de varios tipos de asistencia. De hecho, un 16% de los hogares recibe tres o más ayudas, lo que revela la fragmentación en el sistema de protección social.

El informe revela que aproximadamente el 46% de los hogares que accedieron al IMV continúan recibiendo esta ayuda cinco años después de su concesión. Este dato destaca la necesidad de replantear los incentivos para la reagrupación laboral, con el fin de evitar que el IMV se convierta en un ingreso permanente y así fomentar la integración social y laboral de los beneficiarios.

A nivel comparativo, España está entre los países con más prestaciones dentro de la Unión Europea, aunque su capacidad de reducción de pobreza mediante el IMV aún se encuentra por debajo de la media comunitaria. Desde su implementación en 2019, la cobertura del IMV ha aumentado casi un 90%, pero la disminución de la pobreza continúa siendo insuficiente.

Como parte de sus recomendaciones, la AIReF sugiere mejorar la coherencia del IMV con el resto del sistema de asistencia social y realizar una revisión estructural inspirada en las prácticas de otros países europeos. También plantea avanzar hacia un sistema más automatizado de verificación, que facilitaría el acceso a las ayudas y reduciría los períodos de desprotección.