Más Madrid solicita transparencia sobre la compra de un lujoso piso por parte de Ayuso

La agrupación política Más Madrid ha demandado a Planifica Madrid la publicación de detalles respecto a la adquisición de un ático de 485 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, destinado a que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo use como oficina temporal durante las obras en la sede del gobierno regional. Esta petición se realizó a través de un burofax, aludiendo a posibles infracciones de las leyes de transparencia vigentes en Madrid.

El inmueble, que cuenta con 200 metros de terraza y está clasificado como residencia, ha generado múltiples cuestionamientos por parte de la oposición. Más Madrid sostiene que la compra de este ático, además de ser un gasto considerable, no se ajusta a los principios de austeridad y eficiencia en la administración pública, sugiriendo que existían alternativas más apropiadas que debieron ser consideradas.

En el burofax, la formación critica que Planifica Madrid no facilitara información pública sobre la adquisición, que según ellos debió estar disponible desde abril, dado que la compra se formalizó el 14 de ese mes. Se cuestiona la falta de transparencia en la asignación de fondos públicos para este tipo de propiedad de lujo, planteando la necesidad de que el expediente de compra sea accesible a todos los ciudadanos de Madrid.

Más Madrid ha solicitado no solo acceso al expediente de compra, sino también datos adicionales que respalden la elección del inmueble. Esto incluye la memoria que justifique su uso como oficina, avalúos del costo de la propiedad, copias del contrato de compraventa y la justificación del uso de un inmueble residencial para funciones institucionales.

El diputado de Más Madrid, Hugo Martínez, ha enfatizado la importancia de que el gobierno regional proporcione la información solicitada sin dilaciones. Ha criticado además el hecho de que el gobierno podría estar aprovechando el receso estival para retrasar la entrega de esta información, lo que considera un intento de evadir la rendición de cuentas hacia los ciudadanos madrileños.

La controversia en torno a esta compra ha vuelto a poner en la agenda pública la discusión sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos y la responsabilidad de los funcionarios al tomar decisiones que impactan en el gasto del erario.

La oposición espera que esta situación lleve a una revisión de las políticas de adquisición de bienes inmuebles por parte del gobierno regional, así como a una mayor claridad en los procesos que rigen el uso de recursos públicos para fines institucionales.