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Mauricio Arnillas, ministro peruano, recibió prisión suspendida y cuestionó a manifestante aimara

Mauricio Arnillas, recientemente nombrado ministro de Vivienda en Perú, fue sentenciado a un año de prisión suspendida por lesiones culposas y ha sido objeto de críticas por comentarios denigrantes hacia una manifestante aimara agredida por la policía.

Por Luis Paucar5 min de lectura
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Mauricio Arnillas, ministro peruano, recibió prisión suspendida y cuestionó a manifestante aimara

Mauricio Arnillas, quien asumió recientemente el cargo de Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el gabinete de la presidenta Keiko Fujimori, cuenta con antecedentes judiciales que incluyen una sentencia de un año de prisión suspendida por lesiones culposas. Esta condena, que el funcionario se vio obligado a declarar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en su postulación a la alcaldía de Arequipa en 2022, se originó por un accidente de moto ocurrido en 1997, del cual afirmó no tener intención de causar daño.

Arnillas también posee un segundo antecedente por abandono de personas, aunque este fue resuelto con absolución. Durante una entrevista anterior, el ministro explicó que su primer incidente trasladó al Ministerio Público a iniciar una investigación que, según su versión, no fue manejada adecuadamente por él en su juventud, ya que se encontraba abocado a sus negocios.

En medio de su designación, el funcionario ha estado en el centro de la controversia debido a sus comentarios respecto a una mujer aimara, quien fue agredida por la policía durante las protestas en Lima. Esta situación generó un fuerte rechazo, ya que las imágenes del incidente mostraron a la manifestante siendo empujada por agentes policiales, lo que desató la indignación pública.

Arrebatando credibilidad a la denuncia, Arnillas descalificó a la mujer en sus redes sociales, alegando que la manifestante había simulado su sufrimiento al portar un muñeco. Esta declaración fue tildada de irresponsable y provocadora, y contribuyó a generar una mayor tensión entre las autoridades y las comunidades indígenas, que ya venían sufriendo una serie de agresiones en el contexto de protestas.

Los organismos de derechos humanos y varios sectores de la población han exigido la renuncia del ministro por sus declaraciones y la forma en que ha manejado la situación. La comunidad aimara, en particular, expresó su rechazo a la descalificación y al discurso estigmatizante, percibiéndolo como una falta de respeto hacia sus vivencias y luchas.

Ante este panorama, el impacto de las declaraciones de Arnillas se verá reflejado en la percepción pública sobre la gestión del gabinete de Fujimori, especialmente en un país donde las tensiones sociales han aumentado por medidas de austeridad y violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones. Por lo tanto, se esperan reacciones tanto a nivel nacional como internacional que puedan repercutir en la estabilidad política dentro del país.

La situación plantea un desafío significativo para el gobierno de Fujimori, que aún se encuentra consolidando su credibilidad y buscando llevar adelante una agenda política en medio de una atmósfera de creciente conflictividad social.

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