Mendoza evalúa endurecer sanciones para funcionarios con alcoholemia positiva

La Cámara de Diputados de Mendoza está considerando dos proyectos de ley que tienen como objetivo endurecer las penas para funcionarios públicos que sean sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol. Este impulso en la legislación provincial surge tras una serie de incidentes en los cuales cinco funcionarios fueron detenidos debido a resultados positivos en test de alcoholemia entre 2025 y 2026, evidenciando la necesidad de un enfoque más estricto frente a estas situaciones.

Uno de los proyectos, presentado por el diputado Edgardo Civit Evans del bloque Jubilados Auténticos, propone modificar la Ley Contravencional 9.099 para incrementar las sanciones tanto mínimas como máximas al doble, cuando la infracción involucre a un funcionario. La propuesta subraya que los actos de estos funcionarios pueden comprometer la institucionalidad y la confianza pública, justificando una responsabilidad mayor debido a su cargo. Estas medidas están pensadas no solo como un castigo, sino también como un mecanismo preventivo.

Por otro lado, la diputada Stella Huczak, del PRO, promueve una reforma más extensa a la Ley de Seguridad Vial y al Código Contravencional. Este proyecto haría distinciones en el tratamiento de alcoholemias, manteniendo el actual régimen de sanciones para niveles de alcohol inferiores a 1 gramo por litro, pero endurecería las penas para funcionarios que superen ese límite. Además, se incorporarían nuevos mecanismos como la obligación de reportar la infracción a superiores y la prohibición de sustituir sanciones con trabajos comunitarios, entre otros.

Ambas iniciativas, que fueron ingresadas durante un período de sesiones extraordinarias, todavía no han avanzado en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, dirigida por la diputada Beatriz Martínez de la UCR. Desde el Ejecutivo provincial, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, indicó que existen ya agravantes para funcionarios en el marco contravencional, aunque reconoció la falta de especificidades en la Ley Vial respecto a funcionarios.

El contexto de esta discusión está marcado por incidentes recientes que han afectado la imagen de la gestión pública mendocina. Por ejemplo, el caso de Diego Silvestre, excoordinador del ETI de San Rafael, quien fue hallado con una alta concentración de alcohol en sangre poco después de asumir un nuevo cargo. Estos acontecimientos han avivado el debate sobre la responsabilidad que deben tener los funcionarios en su conducta pública.

En el último año y medio, varios funcionarios han sido detenidos por conducir en estado de ebriedad, incluido el consejero del Río Atuel, Gustavo Villegas, quien presentó su renuncia tras ser sorprendido también con altos niveles de alcohol en sangre. El impacto de estas situaciones ha generado una creciente demanda social por una mayor regulación y control de las acciones de quienes ocupan cargos de responsabilidad pública en Mendoza, subrayando la importancia de una conducción responsable y ética en el ámbito gubernamental.