México obtiene fallo favorable en juicio contra la minera Vulcan por cierre de Calica

El 27 de julio, la Secretaría de Economía de México anunció que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) desestimó en su mayoría las reclamaciones de la empresa Vulcan Legacy LLC, relacionada con su filial Vulcan Materials Company. Este fallo se refiere a un arbitraje que la minera había iniciado contra el Estado mexicano tras la clausura de su proyecto de extracción de piedra caliza en Calica, Quintana Roo, debido a problemas ambientales.

El tribunal internacional reconoció únicamente la ilegalidad de una medida: el cierre de un predio específico de CALICA, ocurrido en enero de 2018. Sin embargo, esta acción representa una fracción mínima del monto originalmente reclamado por la empresa, que ascendía a 1.529 millones de dólares, incluyendo intereses y costos legales. Esta decisión implica un fuerte respaldo para las autoridades mexicanas, que han priorizado la protección ambiental en la región.

El conflicto entre el gobierno mexicano y Vulcan se intensificó en mayo de 2022, cuando la administración de Andrés Manuel López Obrador ordenó la suspensión de las actividades de extracción, argumentando impactos negativos en el medio ambiente. Posteriormente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) determinó el cierre total de las operaciones de la empresa y se tomó control de los terrenos involucrados.

La situación escaló en septiembre de 2024, cuando el gobierno mexicano declaró más de 53 mil hectáreas como Área Natural Protegida, lo que Vulcan interpretó como una expropiación en la práctica y anunció su intención de impugnar esta medida. La mina CALICA había sido objeto de controversia por su impacto ambiental en una de las regiones turísticas más importantes de México, cercana a Playa del Carmen.

Tras el fallo, la Secretaría de Economía afirmó que está analizando el veredicto y determinará qué acciones legales puede emprender el Estado respecto a la única medida reconocida por el tribunal. Al mismo tiempo, reafirmó su compromiso con la inversión extranjera, asegurando que traerá innovación y protección del medio ambiente, además de cumplir con los tratados internacionales que garantizan certidumbre jurídica a los inversores.

La incertidumbre persiste respecto al monto exacto de la indemnización por la medida aceptada, así como las posibles respuestas de México ante este fallo. Este caso resalta la tensión existente entre el desarrollo industrial y la conservación ambiental, especialmente en un país con importantes recursos naturales y un sector turístico en crecimiento.