Miami implementa norma que permite arrestar a personas en situación de calle

La Comisión Municipal de Miami aprobó una nueva ordenanza que permite a la policía arrestar a personas que se encuentren durmiendo o acampando en espacios públicos, tras una advertencia verbal. Esta normativa entrará en vigor en un plazo de diez días a menos que sea vetada por la alcaldesa, y ha suscitado un intenso debate sobre la forma en que la ciudad aborda la creciente problemática de la falta de vivienda.

Con una votación de tres a dos, esta nueva regulación sustituye requisitos anteriores que incluían una advertencia escrita y un plazo de 24 horas para que las personas pudieran retirar sus pertenencias antes de una detención. En este sentido, se ha eliminado también la posibilidad de que los agentes impongan una multa antes de proceder al arresto, lo que ha generado inquietudes sobre el tratamiento de las personas en situación de calle.

El comisionado Rolando Escalona, quien promovió la medida, argumenta que esta busca conectar a las personas sin hogar con recursos disponibles, aunque críticos sostienen que la estrategia se centra en el control del orden público en lugar de tratar las causas fundamentales de la falta de vivienda, como el acceso a vivienda asequible y el apoyo social.

La normativa establece que, aunque la policía puede actuar, deberá ofrecer un tiempo razonable para el desalojo, aunque la definición de "razonable" no se estipula con claridad. Esto ha llevado a preocupaciones sobre la interpretación extensiva de esta medida por parte de las fuerzas del orden. Un aspecto central es la condición que impone la norma que requiere que existan camas disponibles en los refugios para que se pueda proceder con el arresto.

La situación de los albergues es crítica, dado que, según datos del centro de asistencia Homeless Trust, existe una escasez de camas disponibles. A pesar de que pronto se abrirá un nuevo refugio de emergencia con 80 plazas, se estima que en el último conteo más de 605 personas estaban durmiendo en las calles de Miami. Un estudio reciente señala que aproximadamente el 28% de las personas en situación de calle probablemente rechazaría un lugar en un albergue debido a percepciones de inseguridad o restricciones en esas instalaciones.

El tema ha sido objeto de división en la comisión, con algunos comisionados apoyando la norma y otros cuestionándola. Sus oponentes indican que la ambigüedad sobre el "tiempo razonable" puede dar lugar a abusos por parte de las autoridades. La crítica se centra en la posibilidad de que se considere a la falta de hogar como un delito y no como una cuestión de salud pública y derechos humanos. A medida que la medida se implementa, será monitoreada de cerca tanto por los defensores de las personas sin hogar como por las autoridades locales.