Milei designa a Bertuzzi y Yadarola en la Cámara Federal de Comodoro Py

El presidente Javier Milei formalizó por decreto las designaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola como vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Esta acción busca cerrar una vacante en un tribunal fundamental para el manejo de casos de alto impacto político en Argentina. La medida se ratificó con la publicación de los decretos 847/2026 y 848/2026 en el Boletín Oficial.

La jura de Bertuzzi y Yadarola está prevista para este 3 de septiembre a las 12:00 en los tribunales de Comodoro Py. Con estos nombramientos, se completará la integración de la Sala I, donde también se encuentra el juez Mariano Llorens. Este tribunal tiene una relevancia crucial, ya que revisa expedientes que involucran a figuras clave del ámbito político y empresarial, entre ellos a Luis Caputo, YPF y el caso conocido como $LIBRA.

Los nuevos vocales asumieron sus cargos tras recibir el respaldo del Senado de la Nación el 27 de agosto, lo que evidenció las diferencias políticas en torno a su elección. A través de estos nombramientos, el gobierno de Milei busca un refuerzo en el sistema judicial, permitiendo así un seguimiento más estricto y eficaz de causas que afectan tanto al oficialismo como a la oposición.

El tribunal que ahora se encuentra completo tiene la responsabilidad de resolver algunos de los casos más complejos y relevantes del país, lo que podría tener repercusiones significativas no solo en el ámbito político, sino también en la percepción pública sobre la independencia judicial. Al ser un órgano que revisa causas que pueden poner en jaque a importantes actores del gobierno y la oposición, su composición se vuelve especialmente crítica en un contexto de tensión política.

Milei, al llevar a cabo estos nombramientos, refuerza su estrategia institucional y busca consolidar las bases de su gobierno a través de un poder judicial que responda de manera más directa a las nuevas políticas implementadas. Esto plantea un escenario de posibles conflictos y desafíos a los que se enfrentará el sistema judicial. La mirada estará puesta en cómo estos cambios impactarán en la resolución de los casos más sensibles del país, lo que podría generar tensiones en el ámbito político y judicial de Argentina.