Milei impulsa acciones sobre Malvinas y acelera construcción de base naval en Tierra del Fuego

El presidente argentino, Javier Milei, ha dado instrucciones a su equipo para acelerar la discusión de leyes que endurecen las sanciones a las empresas que operan en la extracción de recursos en las Islas Malvinas. Este movimiento busca fortalecer la postura de Argentina sobre su soberanía en el archipiélago, el cual es objeto de un prolongado conflicto territorial con el Reino Unido.

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, presentarán el proyecto de Ley de Soberanía Nacional a la Mesa Política del Gobierno, con el fin de discutir su contenido antes de su presentación en el Parlamento, que se prevé para la próxima semana. La ley contempla sanciones tanto para el Estado argentino como para empresas privadas, prohibiendo la celebración de contratos con aquellas que infrinjan la normativa, lo que incluye el acceso restringido a recursos informáticos del Estado argentino.

Entre las medidas propuestas, se facilitará el juicio en ausencia para infractores y se creará un Consejo de Seguridad Nacional que incluirá un régimen de protección de infraestructuras críticas. Este marco legal no sólo busca disuadir a empresas de operar en Malvinas, sino también fortalecer la defensa de intereses argentinos en la zona. De esta manera, se pretende desviar el enfoque sobre la situación económica que enfrenta el país, presentando un mensaje defensivo ante posibles críticas.

Además, el Gobierno ha anunciado la inminente construcción de una nueva Base Naval Integrada y Polo Logístico en Tierra del Fuego, proyecto que será financiado completamente con fondos nacionales, sin participación extranjera. El vocero presidencial, Adrián Ravier, comunicó que se han reasignado alrededor de $6 mil millones del presupuesto para iniciar las obras durante 2026. Esta base tiene por objetivo potenciar la presencia argentina en el área y será visitada por los ministros Quirno y Presti, quienes supervisarán los avances en su construcción.

En el plano judicial, el canciller Quirno también ha presentado una denuncia contra cinco empresas petroleras que se habrían involucrado en operaciones irregulares en Malvinas, las cuales ahora están bajo la supervisión del juez federal Julián Ercolini. Además, el gobierno argentino ha iniciado otras 15 investigaciones sobre compañías con vínculos a actividades en las islas disputadas.

El gobierno destacó que estas acciones son decisiones unilaterales que refuerzan la postura soberana de Argentina, desmarcándose de la influencia de terceros países, como Estados Unidos, en el desarrollo de su estrategia en Malvinas y la construcción de la nueva base naval.