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Modificación de fondos para transporte eléctrico: implicancias de la nueva resolución

El gobierno nacional, mediante la Resolución 201/2026, alteró el esquema de financiamiento para las obras de transporte eléctrico, eliminando la vinculación de recursos a un fondo disuelto. Esto permitirá a la Secretaría de Energía teniendo mayor control sobre el uso de los ingresos provenientes de las exportaciones de energía eléctrica.

Por Lautaro Acuña Heier4 min de lectura
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Modificación de fondos para transporte eléctrico: implicancias de la nueva resolución

La Secretaría de Energía de la Nación llevó a cabo una modificación significativa en el financiamiento de obras relacionadas con el transporte eléctrico al emitir la Resolución 201/2026. Este cambio implica la derogación de artículos de la normativa anterior que obligaba a destinar hasta el 75% de los recursos de la Cuenta de Exportaciones al extinto Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), que fue disuelto el año pasado por el Decreto 234/2025.

Con esta nueva resolución, los fondos que provienen de las exportaciones eléctricas del Mercado Eléctrico Mayorista ya no están atados a un fondo específico, lo que otorga más flexibilidad a la Secretaría de Energía para decidir cómo se utilizarán. La Cuenta de Exportaciones se forma con los ingresos netos recaudados por CAMMESA relacionados a la exportación de energía eléctrica, descontando los costos asociados. Esta área ahora será responsable de asignar los recursos a proyectos específicos de infraestructura energética, aunque bajo prioridades y regulaciones determinadas por esta misma Secretaría.

Es esencial destacar que, a pesar de esta modificación, el Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional se mantiene vigente. Esto significa que las obras previstas para ampliar y mejorar el sistema de transporte eléctrico de alta tensión continuarán existiendo, pero ya no contarán automáticamente con el financiamiento que antes proveía el FFTEF.

A partir de esta resolución, la Secretaría de Energía tendrá la oportunidad de priorizar proyectos en función de criterios técnicos y presupuestarios, lo que podría llevar a un manejo más eficiente de los recursos disponibles. Esto se enmarca dentro de una actualización de la Ley 15.336, realizada en 2025, que determina que un porcentaje de la recaudación total será destinado a diferentes fines energéticos, ofreciendo un marco más amplio para la inversión en infraestructura.

Este cambio en la regulación ocurre en un contexto donde el desarrollo de infraestructura energética es crucial, especialmente en regiones de la Patagonia que dependen de estas inversiones para mejorar su sistema de transporte eléctrico. Ante la creciente demanda de energía y la necesidad de una red eléctrica más robusta y eficiente, la capacidad de la Secretaría de Energía para asignar fondos con mayor flexibilidad podría ser un factor determinante para el futuro del transporte eléctrico en el país.

La modificación de la normativa y la eliminación del vínculo con el FFTEF marcan un nuevo rumbo en la gestión de los recursos para el transporte eléctrico, apuntando a una administración más directa por parte de las autoridades energéticas. El impacto de esta medida será observado con atención, especialmente en su implementación y en cómo afectará la ejecución de futuros proyectos clave para la mejora de la red eléctrica en la Argentina.

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