Mujer en prisión fue trasladada tras denuncias por abuso y embarazo de una interna

Gabriela Nahir Fernández ingresó al sistema penitenciario en septiembre de 2016 como hombre, y en julio de 2025 formalizó su cambio de identidad de género, siendo alojada desde entonces en una unidad de mujeres. Sin embargo, en los últimos días, las autoridades judiciales de Córdoba resolvieron su traslado a un Centro de Alojamiento Diferenciado, tras un pedido del Servicio Penitenciario Provincial debido a un escenario de conflictos y denuncias graves en su anterior lugar de reclusión.

La Cámara Cuarta del Crimen tomó la decisión de trasladar a Fernández a una celda individual, bajo custodia mixta, donde quedará bajo protección del personal femenino y masculino. Esto responde a denuncias de agresiones sexuales en las que se vio implicada, incluyendo un caso donde una interna resultó embarazada. Las investigaciones judiciales están en curso y no constituyen una condena definitiva; sin embargo, los hechos reflejan un contexto de serias preocupaciones sobre la seguridad en el alojamiento anterior.

Durante su tiempo en la unidad de mujeres, se reportaron conflictos tanto con otras internas como con el personal penitenciario, que llevaron a la necesidad de establecer medidas de protección y prohibiciones de acercamiento a ciertas internas. La decisión de la Cámara se basó en la necesidad de salvaguardar la integridad de todos los involucrados, considerando el riesgo de situaciones adversas en el ambiente de reclusión.

El tribunal dejó en claro que el traslado a este centro diferenciado no implica que Fernández estará en contacto con hombres dentro del sistema penitenciario, ya que su celda será individual y completamente separada del resto de la población masculina. La medida se aplicará de manera provisional hasta que se encuentre una solución más adecuada o se habilite un espacio específico para mujeres en la cárcel.

Este caso toca temas complejos sobre la identidad de género, la seguridad en las prisiones y el manejo de situaciones de riesgo dentro del sistema penitenciario argentino. Las autoridades subrayan que, aunque la normativa establece derechos relacionados a la identidad de género, también deben existir consideraciones para la seguridad de todos los internos y el personal que trabaja en estas instituciones.

Las decisiones futuras sobre el caso de Fernández dependerán de cómo evolucionen las investigaciones y de las medidas que las autoridades consideren necesarias para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos en el ámbito penitenciario.