Multa a director de defensa jurídica por maniobras en el caso de pasaportes

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió multar al director de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Mariano Ezequiel Barros, con una penalización equivalente a siete salarios mínimos mensuales. La sentencia, que se hizo pública el 21 de julio de 2026, considera improcedente la recusación planteada por Barros contra el magistrado encargado del proceso relacionado con un nuevo esquema de expedición de pasaportes.

La sanción se enmarca dentro de acciones legales que buscan proteger los derechos colectivos y el patrimonio público, en respuesta a un convenio interadministrativo firmado en 2025 para la emisión de pasaportes. El fallo fue bien recibido por el demandante, Nicolás Dupont, director de la fundación Dilo Colombia, quien remarcó la importancia de mantener la legalidad en un tema tan sensible como la expedición de documentos oficiales.

La recusación presentada por la Andje el 28 de abril de 2026 fue considerada por el tribunal como un intento abusivo de reabrir discusiones previamente resueltas. Según los magistrados, no se presentaron evidencias objetivas que respaldaran la falta de imparcialidad del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel, y la demanda se basaba en afirmaciones subjetivas y temerarias.

Además, el tribunal hizo hincapié en que las recusaciones son excepcionales y deben estar fundamentadas en intereses personales claramente demostrables. Ante la falta de tales pruebas, se decidió imponer la multa y remitir copias del fallo a la Procuraduría y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para que evalúen posibles sanciones adicionales.

La decisión también obligó a reevaluar el curso del caso, ya que la Andje había presentado observaciones que, a criterio del tribunal, no contenían elementos nuevos que justificaran una revisión. Esto resalta la importancia de seguir los procedimientos ordinarios en lugar de intentar eludir decisiones judiciales mediante recursos improcedentes.

En este contexto, el debate sobre la legalidad del nuevo esquema de pasaportes continúa en curso, y una acción popular por parte de Dupont persiste contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, con el objetivo de asegurar la eficiencia y la integridad del servicio público en la emisión de estos documentos esenciales.