Multa de USD 1.1 millones a empresa por vertido de residuos en Panamá

El Ministerio de Ambiente de Panamá (Miambiente) ha multado a la empresa Industrias Panamá Boston, S.A. (PABO) con 1.1 millones de dólares debido a la contaminación provocada por el vertido de aguas residuales sin tratar en la Bahía de Panamá. Esta decisión se formalizó luego de una inspección que evidenció irregularidades en las operaciones de la empresa, ubicada en Boca la Caja, un área crítica de la capital panameña.

La resolución del ministerio indica que PABO incurrió en faltas graves a la normativa ambiental, ya que conectó su planta de tratamiento de aguas residuales de manera irregular al sistema de drenaje pluvial. Esto permitió que los desechos vieran un vertido directo a la bahía. Durante la inspección, se detectó una acumulación de lodos en la infraestructura de la planta, confirmando la conexión ilícita con un emisario submarino que descarga en la bahía.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, explicó que la acción responde a un compromiso de la institución de ser totalmente inflexible con quienes contaminen. “El que contamina, paga”, enfatizó el ministro, mientras que hizo un llamado a empresas y ciudadanos a cumplir con la normativa vigente para evitar sanciones.

La investigación en contra de PABO inició en junio del año anterior, tras recibir denuncias por episodios de contaminación. Como medida preventiva, se paralizaron las actividades de la planta hasta verificar la implementación de planes para mitigar los daños y eliminar la descarga irregular.

Además de la penalización económica, la empresa deberá llevar a cabo un plan integral de corrección que incluye limpieza y mantenimiento de la red afectada, monitoreo constante de la calidad del agua y revisiones periódicas de su infraestructura. Estas medidas tienen como objetivo prevenir futuros incidentes y proteger la Bahía de Panamá, un ecosistema costero vital para la salud de la comunidad y la biodiversidad marina.

PABO, que se dedica a la producción de aceites vegetales, margarinas y otros productos alimenticios, cuenta con más de 60 años de trayectoria. Sin embargo, ha enfrentado múltiples denuncias de contaminación que afectan directamente a comunidades locales de pescadores en los alrededores.

Finalmente, el Ministerio de Ambiente anunció que continuará realizando operativos de inspección para detectar y sancionar potenciales fuentes contaminantes que puedan comprometer la salud del ecosistema marino y la seguridad alimentaria de la población, asegurando que las multas se aplican sin distinción según el tamaño de la empresa.