Municipio de Comodoro Rivadavia rechaza acusaciones del abogado de Patagonia Argentina
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia desmintió las acusaciones de un abogado respecto a una presunta asociación ilícita con la empresa de transporte. La funcionaria a cargo del área de transporte, Cintia Juárez, defendió al Ejecutivo y cuestionó la falta de pruebas en las declaraciones realizadas.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia salió al cruce de las declaraciones de un abogado de Patagonia Argentina, quien acusó a funcionarios locales de mantener una supuesta asociación ilícita con la empresa encargada del servicio de transporte público. En respuesta, el Ejecutivo municipal descalificó las imputaciones, señalando que el letrado no presentó evidencias concretas ni denuncias penales que respalden sus afirmaciones.
Cintia Juárez, responsable del área de transporte, reiteró que las acusaciones surgen en el contexto de la reciente pérdida de la licitación por parte de Patagonia Argentina. Consideró que tales declaraciones reflejan la frustración de una persona que busca la continuidad de un servicio que califica de "malo y caro". La funcionaria subrayó que las cuestiones planteadas por el abogado están actualmente bajo revisión judicial, lo que hace aún más pertinente el requerimiento de pruebas.
Juárez también hizo hincapié en que desde que Patagonia Argentina perdió la licitación, el abogado ha promovido diversas denuncias, mientras que el Municipio ha presentado toda la documentación requerida en el marco judicial. A pesar de esto, ningún funcionario ha sido convocado a declarar en relación al caso. La falta de un proceso judicial que determine irregularidades fue otro punto clave en la defensa del Municipio.
La funcionaria consideró como un intento de presión la calificación de "amañado" que el abogado hizo sobre un proceso que aún se encuentra en litigio, argumentando que las estrategias deben fundamentarse en evidencias y no en conjeturas. Además, afirmó que el acuerdo alcanzado con los 72 trabajadores, tras la salida de la empresa del servicio, fue homologado con la intervención de sindicatos, subrayando la transparencia del proceso.
El Municipio también aclaró que no se realizaron pagos al sindicato y que no existe ninguna resolución judicial que declare la ilegalidad de las actuaciones. La presentación pública de estas acusaciones, según el Ejecutivo, forma parte de una estrategia para generar ruido y confusión, cuando en realidad se busca establecer una solución dialogada para el conflicto laboral surgido tras el cambio de concesionario.
Finalmente, las autoridades municipales expresaron su compromiso con la situación laboral de los trabajadores implicados y reafirmaron su intención de abordar el conflicto desde un lugar institucional y responsable, dejando claro que cualquier problemática relacionada con el servicio de transporte será atendida conforme a la ley.