Nahir Galarza busca revisar su condena a perpetua por homicidio

Recientemente, Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo en 2017, ha solicitado una revisión de su sentencia ante la Sala Penal N° 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. La defensa, representada por Eduardo Gerard, argumenta que, tras más de seis años encarcelada, hay elementos en el juicio que merecen reevaluación. Galarza reconoció su responsabilidad en el homicidio, pero busca que se modifique el agravante por el vínculo, alegando que no existía una relación de pareja conforme lo exige la ley.

El pedido surge después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara, en julio de este año, el último recurso extraordinario presentado por la defensa anterior, lo que dejó firme la condena. Gerard basa su presentación en el artículo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, que permite la revisión de sentencias firmes bajo circunstancias excepcionales. Esta vía reviste un carácter extraordinario y debe usarse solo en supuestos específicos.

Uno de los ejes fundamentales de la estrategia de defensa se centra en la validez de ciertas pruebas presentadas durante el juicio. En particular, se cuestiona la pericia informática elaborada por Gabriela Laiño, quien supuestamente careció de la certificación necesaria para actuar como perito. La defensa sostiene que este informe fue crucial para determinar la naturaleza de la relación entre Galarza y Pastorizzo, lo que llevó a aplicar el agravante en su condena. La prueba incluía análisis de mensajes de texto e interacciones en redes sociales.

Además, se argumenta que el contexto y criterios actuales de análisis de casos de violencia de género no fueron aplicados adecuadamente en la condena. La defensa cita fallos recientes de la Corte Suprema y del propio Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que sugieren un enfoque diferenciado e inclusivo en la consideración de estos casos. La falta de perspectiva de género en el tratamiento del vínculo y en la evaluación de la prueba en el juicio, según su argumento, debería ser revisada y tener peso en la decisión sobre la condena.

Este caso, que ha captado atención mediática y social desde su inicio, plantea un debate entre la percepción pública del crimen y el marco jurídico. En la Patagonia y otras regiones del país, la discusión sobre la violencia de género y la aplicación de la ley en tales circunstancias sigue siendo un tema crítico y requiere un enfoque continuo y revisado.