Naufragó el pedido de facultades delegadas por falta de apoyo en el Congreso

En medio de un panorama legislativo complicado, el Gobierno argentino no podrá presentar un nuevo requerimiento de facultades delegadas ante el Congreso. A pesar de que el oficialismo intentó diversas estrategias para impulsar modificaciones en el marco legal del país, las negociaciones con sus aliados no han logrado avanzar debido a varios inconvenientes internos.

Recientemente, la mesa política libertaria se reunió en la Casa Rosada para evaluar acciones a seguir en el Parlamento a partir del 6 de agosto, cuando los legisladores regresen de su receso invernal. Durante dicho encuentro, se estableció que el primer objetivo será avanzar con modificaciones en la Ley de Inocencia Fiscal y en la Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, también se preparan propuestas que, aunque aún están en etapa de redacción, buscan flexibilizar regulaciones en sectores como farmacéuticas e inmobiliarias.

Uno de los planteos que generó controversia fue la propuesta de otorgar al Poder Ejecutivo la capacidad de implementar cambios mediante decretos. Esto había sido parte del borrador que circuló recientemente en la Cámara de Diputados y contemplaba declarar la "emergencia pública en materia administrativa" por un período de seis meses. Las pautas del proyecto se orientaban a maximizar la eficiencia de los mercados y promover una libre competencia, aunque las críticas surgieron rápidamente tanto de aliados como de la oposición.

Desde el entorno de Javier Milei se rechazó la idea de nuevamente solicitar poderes extraordinarios, al considerarse que el tiempo transcurrido desde la última concesión hace inviable esta opción. Varios referentes dentro del bloque oficialista manifestaron su desagrado ante la posibilidad de retomar un pedido similar, argumentando que, si bien el Senado ha mostrado resistencia, el Congreso había estado avanzando en otras legislaciones relevantes.

Además, algunos aliados profundizaron el malestar al reconocer que no están dispuestos a conceder poderes delegados a esta altura de la gestión. "A dos años y medio de mandato, no es viable", expresaron, sugiriendo que el gobierno debería buscar alternativas dentro del marco legislativo vigente sin depender de nuevos poderes.

En este contexto, el futuro de la agenda legislativa del Gobierno queda incierto, especialmente en torno a temas clave como la ampliación de la inocencia fiscal. A medida que las tensiones aumentan, se espera que se intensifique el debate interno, sin que aún se vean soluciones concretas que permitan un avance efectivo en las reformas que el oficialismo considera prioritarias.