Neuquén avanza en un nuevo Código Penal Juvenil para adolescentes

El Gobierno de la provincia del Neuquén está en proceso de diseñar un nuevo Régimen Penal Juvenil, necesario para adaptar la legislación local a la Ley Nacional 27.801, que desde el 5 de septiembre de 2025 incluye a adolescentes de 14 y 15 años en el sistema penal. Esta actualización pretende modificar el Código Penal Juvenil vigente desde 1999, garantizando así la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, confirmó que la propuesta actual se encuentra en fase de análisis y revisión, donde participan diferentes organismos interinstitucionales. Según Tobares, el objetivo es actualizar la normativa local mientras se conservan herramientas y prácticas que han funcionado en la provincia, todo en sintonía con un enfoque de protección integral hacia los menores. Se espera que los próximos pasos incluyan la elaboración del proyecto final, que aún no tiene una fecha definida de entrega à la Legislatura provincial.

Respecto a la Ley 2302, Tobares aseguró que continuará vigente hasta que se implemente el nuevo Código Procesal Penal Juvenil. Actualmente, los procedimientos judiciales para adolescentes se regirán por la ley provincial complementada con normativas internacionales relacionadas con los derechos de los menores. La modificación busca, fundamentalmente, adaptar la normativa sin comprometer los derechos adquiridos y las buenas prácticas aplicadas en Neuquén.

Las estadísticas de la Fiscalía Penal Juvenil de 2025 revelan que el cambio en la legislación podría impactar potencialmente en 883 adolescentes autores de delitos, de los cuales 428 tenían menos de 16 años y no podían ser procesados bajo la legislación anterior. Con la nueva ley, se estima que la inclusión de estos jóvenes al sistema judicial podría significar unos 50 casos adicionales anuales que escalen a instancias judiciales, aunque el aumento en la identificación y detención de adolescentes por parte de la policía podría ser aún mayor.

Es relevante destacar que, según los datos disponibles, de los delitos cometidos por menores, solo 78 infracciones (el 9,21%) fueron clasificadas como graves. Entre los delitos más comunes se encuentran lesiones leves, amenazas simples y robos menores. Esta situación pone de manifiesto que la incorporación de adolescentes al sistema no implicará necesariamente una mayor cantidad de internaciones en centros penales; la nueva legislación prioriza alternativas a la privación de libertad, reservando este recurso extremo para los delitos más graves.

A pesar de los cambios, Tobares ha asegurado que la posibilidad de que un adolescente sea alojado en una institución penal es remota, enfatizando que los datos reflejan un panorama controlado en referencia a los conflictos penales juveniles, que son considerados residuales. Este contexto busca tranquilizar a la comunidad mientras se avanza en una reestructuración del sistema penal juvenil en la provincia.