Neuquén avanza hacia el juicio contra Viento Sur y exministros

En Neuquén, se desarrolla una audiencia destinada a definir la elevación a juicio de la cooperativa Viento Sur y dos exministros de Desarrollo Social, por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública. El fiscal Pablo Vignaroli y la fiscal Rocío Rivero han solicitado que se lleve adelante este proceso tras acusar a los exministros, Abel Di Luca y Germán Chapino, junto a seis asociados de Viento Sur, de crear una cooperativa para beneficio personal, utilizando recursos públicos de manera inapropiada.

Durante esta primera parte de la audiencia, se expusieron las pruebas y se presentó una extensa lista de más de 60 testigos, entre los que se incluye al Fiscal de Estado. La jueza de garantías, Natalia Pelosso, preside el proceso y definirá en una futura sesión si se avanzará hacia un juicio formal. La fiscalía argumenta que Viento Sur fue constituida con el objetivo de financiar salarios de unas mil personas, en oposición a un acuerdo que estipulaba la implementación de un plan de capacitación.

Se estima que la defraudación al erario provincial supera los 1.200 millones de pesos. La acusación sostiene que, a pesar de tener conocimiento de la mala gestión, los exministros Di Luca y Chapino continuaron autorizando desembolsos de fondos públicos a favor de la cooperativa, enfocándose en el pago de sueldos en vez de la capacitación planeada, lo que generó un uso indebido de los recursos.

Por su parte, la fiscal Rocío Rivero ha señalado a Diego Mauro, un miembro del Frente de Organizaciones en Lucha, como uno de los principales responsables de las operaciones de Viento Sur, a pesar de que no figura oficialmente en los registros. Junto a Mauro, se mencionan a otros operativos clave dentro de la cooperativa, incluidos Sonia Barrios y Miriam La Rosa Velázquez, quien también desempeñó funciones administrativas significativas.

El involucramiento político en el caso se evidencia con la inclusión de figuras como Gabriela Suppicich y el concejal Federico Sánchez, lo que añade un elemento de complejidad a este proceso judicial. Las partes defensoras presentarán sus objeciones y pruebas en las próximas audiencias, que se culminarán con la decisión de la jueza sobre el avance del caso hacia un juicio formal.

Este caso plantea un escenario crítico en términos de la administración pública en Neuquén, ya que el uso inadecuado de los fondos estatales por parte de funcionarios y organizaciones refuerza la necesidad de una mayor transparencia y control en las gestiones públicas, en un contexto donde la confianza institucional es fundamental.