Neuquén cesantea a tres empleados públicos por abandono de cargo

El Gobierno de Neuquén ha despedido a tres empleados de la administración pública debido a ausencias injustificadas, como parte de una política de tolerancia cero impulsada por el gobernador Rolando Figueroa. Las resoluciones fueron comunicadas a los medios este lunes y afectan a trabajadores de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Humano, y de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.

Los agentes cesanteados son Héctor José Adrián Romero, Claudio Alejandro Pino y Liliana Graciela Alfaro. Romero, del ministerio de Trabajo, tenía un historial de inasistencias significativas entre enero y marzo de 2024, durante las cuales no justificó su ausencia ni presentó descargos tras ser convocado. Se informó que, a pesar de haber recibido advertencias sobre la importancia de su empleo, continuó faltando al trabajo.

Claudio Alejandro Pino, también de planta permanente del ministerio de Gobierno, tuvo faltas continuas e injustificadas desde enero hasta julio de 2024, lo que fue considerado como una conducta intencional. Finalmente, Liliana Graciela Alfaro presentó un patrón similar de inasistencias entre junio y agosto de 2024, que se prolongaron hasta la primera mitad de 2025, según el informe de Recursos Humanos.

Las cesantías no solo implican la pérdida del empleo, sino que el Gobierno ha informado que se revisará si estos agentes cobraron salarios durante los días no trabajados. En caso de haberlo hecho, se tomarán acciones para solicitar la devolución de esos sueldos, y de no cumplir, se podría activar un proceso judicial a través de la Fiscalía de Estado por posible enriquecimiento sin causa.

Esta política de despidos se enmarca en un contexto donde el gobernador Figueroa ha reducido la planta política de la provincia en un 87% y ha limitado la cobertura de vacantes a áreas consideradas esenciales como Educación, Seguridad y Salud. Según las autoridades provinciales, el 82% del gasto salarial de Neuquén se destina a dichas áreas, lo que subraya la necesidad de optimizar el uso de recursos en la administración pública.

La implementación de esta política de despido busca, entre otros objetivos, restablecer la confianza en la gestión del gobierno provincial y asegurar un cumplimiento más riguroso de las obligaciones por parte de los empleados públicos, en un momento donde se priorizan los recursos y esfuerzos en los sectores más críticos para la población.