Neuquén despide a cinco empleados públicos por ausencias injustificadas

El Gobierno de Neuquén implementó la cesantía de cinco empleados estatales por ausencias no justificadas en diferentes organismos de la administración provincial. Estas decisiones, tomadas bajo la supervisión del gobernador Rolando Figueroa, forman parte de un esfuerzo más amplio para regularizar la asistencia del personal público, iniciadas en diciembre de 2023.

Las resoluciones abarcan a trabajadores del sistema educativo y de cuatro ministerios, los cuales se enfrentan a acusaciones de abandono de cargo. Las inasistencias de los exfuncionarios variaron desde algunas semanas hasta períodos que superaron un año. Entre los casos más destacados se encuentra el de Cecilia Lourdes V., quien trabajaba en el Colegio Ceferino Namuncurá de Junín de los Andes, con inasistencias que se extendieron desde marzo de 2023 hasta mayo de 2024.

Otra de las cesantías afectó a Johana Elisabet Z., del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, quien no fue a trabajar desde el 16 de febrero hasta el 30 de septiembre de 2024, y no compareció en el proceso administrativo para defenderse. La investigación incluye una revisión de los pagos que pudo haber recibido durante las ausencias.

El expediente también señala a Elisa Marina V., trabajadora de la Subsecretaría de Trabajo, quien estuvo ausente del 15 de abril al 31 de mayo de 2024. La acumulación de faltas sin justificación llevó a considerarla en situación de abandono de cargo. Las investigaciones analizarán si se le abonaron haberes durante esos períodos.

En el ámbito del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, se registran dos despidos, incluyendo el de Carlos Ignacio S., quien asistió a su defensa acompañado por un abogado, pero su impugnación no fue suficiente para revertir la decisión administrativa. Las ausencias de este último se produjeron entre el 1 y el 22 de julio de 2024.

Estas acciones del Gobierno apuntan a fortalecer el control sobre el personal público, en un contexto donde la administración busca optimizar la gestión pública. El futuro inmediato implica una revisión patrimonial para determinar si hubo pagos indebidos a los cesanteados, lo que podría generar la necesidad de recuperar esos fondos.