Neuquén despide a cuatro estatales bajo política de tolerancia cero

El gobierno provincial de Neuquén ha intensificado su estrategia de tolerancia cero hacia la corrupción y las faltas disciplinarias en la administración pública, sumando cuatro nuevos despidos a los recientes. Esta política comenzó a recibir atención mediática con tres cesantías anunciadas previamente esta semana, pero se profundizó con la divulgación de nuevos casos que abarcan desde irregularidades administrativas hasta delitos graves.

El caso con mayor impacto ha sido el de Mabel Carlina Rastellini, quien fue exonerada de su cargo en el Registro Civil. Se le atribuyó la celebración de matrimonios fuera de los procedimientos legales establecidos, cobrando por servicios no autorizados a través de plataformas digitales. Rastellini fue condenada a dos años de prisión en suspenso y enfrenta una multa significativa, demostrando que su conducta comprometió tanto su posición como la integridad del sistema registral.

Por otro lado, Karina Stefanie Jaña Reyes fue cesanteada por hacer uso irregular de licencias médicas, ya que se comprobó que salió del país mientras estaba supuestamente en tratamiento de salud. Este tipo de situaciones ha generado un debate sobre la ética y el uso de los recursos públicos en la administración estatal. Las visitas no autorizadas a Chile durante su licencia han sido la base para esta decisión, lo cual refleja una falta de integridad en el ejercicio de sus funciones.

El ex cabo Francisco Andrés Pertusatti también recibió un despido a raíz de un robo cometido dentro de la comisaría en la que trabajaba. Al haber sido hallado culpable de hurto agravado, su sanción se enmarca dentro de la creciente preocupación por la conducta del personal policial y la necesidad de restablecer la confianza pública en las fuerzas de seguridad.

Por último, Orlando Basilio Marillán, un auxiliar de escuela, fue dado de baja tras ser condenado por abuso sexual agravado. Este caso subraya la voluntad del gobierno de diferenciar entre las conductas reprimendas y las inaceptables desde una perspectiva moral y legal, buscando resguardar a la comunidad educativa y reiterando su compromiso con la seguridad y la ética en el ámbito público.

La administración de Rolando Figueroa continúa demostrando un enfoque estricto en la supervisión de los empleados estatales, lo que promete seguir generando impacto en la percepción pública sobre la gestión del gobierno. Aunque estas acciones son vistas por algunos como necesarias para mejorar la transparencia, también han suscitado debates sobre la eficacia y las motivaciones detrás de esta política de despidos en el sector público.