Neuquén solicita una distribución más justa de los ingresos de Vaca Muerta

La municipalidad de Neuquén ha planteado un reclamo ante la escasa participación que recibe tanto la provincia como los municipios en los ingresos derivados de Vaca Muerta. A partir de un informe realizado por el equipo económico del municipio, se evidencian las disparidades en la distribución de la renta hidrocarburífera en comparación con los ingresos que recibe el Estado nacional.

Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la municipalidad, destacó que, por cada barril de petróleo producido en Vaca Muerta, el Estado nacional retiene más del doble de lo que reciben la provincia y la ciudad. En términos concretos, de cada 100 dólares generados por la actividad, el gobierno nacional obtiene aproximadamente 27 dólares a través de impuestos y retenciones, dejando a Neuquén con una participación significativamente menor.

Este escenario se torna aún más crítico ante la reciente decisión del gobierno nacional de cesar la financiación de obras públicas y programas en la región. Schpoliansky subrayó que esta falta de inversión afecta directamente a la capacidad del municipio para avanzar en proyectos de infraestructura, dado que la ciudad únicamente puede reinvertir una fracción de lo que percibe, en comparación con los ingresos que obtiene el Estado nacional.

El reconocimiento de que mientras la municipalidad destina el 0,6 dólares a obras, el gobierno nacional no realiza ningún aporte de los ingresos generados por la actividad de Vaca Muerta, pone de manifiesto un sistema que, según Schpoliansky, beneficia desproporcionadamente al Estado central en detrimento de los recursos propios de la región.

El funcionario también cuestionó el esquema tarifario de la energía eléctrica, resaltando que, a pesar de que la producción se realiza en la región, los costos asociados al transporte generan distorsiones que complican aún más la situación económica en Neuquén.

En este contexto, se planteó la necesidad de discutir una distribución más equitativa de la renta a nivel nacional, ya que, según los principios de un país federal, las provincias deberían ser reconocidas como las dueñas del recurso. Esta solicitud se enmarca dentro de una demanda más amplia de justicia fiscal que requiere atención en el Congreso.