Nicaragua aprobará reforma electoral que excluye a opositores en el exterior

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada mayoritariamente por el sandinismo, planea aprobar en septiembre una reforma parcial a la Constitución que impedirá la participación electoral de opositores que han sido despojados de su nacionalidad y calificados de "traidores a la patria". Esta iniciativa es impulsada por Rosario Murillo, copresidenta y esposa del presidente Daniel Ortega, y ha generado amplias críticas a nivel internacional, reavivando preocupaciones sobre el estado democrático del país.

Murillo anunció que se realizarán consultas con diversos sectores sociales antes de que se someta a votación la reforma. Esto incluye a instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Ejército y la Policía Nacional, organismos que operan bajo la dirección del régimen de Ortega desde hace más de diez años. Tal medida es vista como un intento de consolidar el control del poder, especialmente en un contexto de creciente represión política de la oposición.

La propuesta de reforma surge en un clima de inestabilidad política, donde Ortega, en un aniversario de la Revolución Sandinista, dejó en claro que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones" bajo condiciones que pudieran favorecer a la oposición. El objetivo declarado de la reforma es evadir la injerencia extranjera y evitar que cualquier figura opositora pueda acceder al poder a través del voto.

A nivel internacional, la reacción ante esta reforma ha sido contundente. Varios países de la región y organismos internacionales, incluyendo la Unión Europea y la OEA, han expresado su preocupación y rechazo a las intenciones del régimen, subrayando el aislamiento en el que se encuentra el gobierno de Ortega. Costa Rica, Estados Unidos y Panamá, entre otros, han aumentado sus críticas, con algunos países tomando medidas diplomáticas más fuertes, como el retiro de embajadores.

Por otro lado, el presidente del Parlamento de Nicaragua, Gustavo Porras, ha matizado las declaraciones de Ortega, asegurando que se llevarán a cabo elecciones dentro de un nuevo marco constitucional. Sin embargo, este discurso no disimula las verdaderas intenciones del régimen, que busca protegerse de cualquier amenaza a su poder mediante reformas que fortalezcan su autoridad.

Desde que Ortega asumió el poder en 2007, su gobierno ha enfrentado denuncias por fraude electoral y represión sistemática de la disidencia. La actual propuesta de reforma no solo busca modificar la ley electoral, sino que también considera declarar "inaplicable" el artículo constitucional referente a la reelección presidencial, lo que podría consolidar aún más su permanencia en el cargo. Esto se enmarca en un clima de desposesión y exilio forzado de opositores que han denunciado violaciones a los derechos humanos.

Con estas reformas, el régimen justifica su actuar en la defensa de la soberanía, aunque, según la oposición y varios analistas internacionales, estas acciones suponen un activo debilitamiento de las garantías democráticas en Nicaragua y un paso más hacia la consolidación de un régimen totalitario.