Nicaragua enfrenta el IVA más alto de Centroamérica y bajos niveles de bienestar

Nicaragua se sitúa como el país con la tasa más elevada de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Centroamérica, fijada en un 15%. Este porcentaje impacta significativamente la economía de sus ciudadanos, quienes deben destinar una parte importante de sus ingresos a cubrir este impuesto en bienes de consumo diario, afectando sobre todo la compra de alimentos y objetos esenciales.

La estructura impositiva de Nicaragua, además de ser la más alta regionalmente, coloca a su población entre las más gravadas de América Latina. Comparativamente, otros países de la región tienen tasas de IVA que van desde el 7% en Panamá hasta el 13% en Costa Rica y El Salvador. Este escenario plantean un desafío estructural para los nicaragüenses, quienes ya enfrentan bajos niveles de salario y altos índices de pobreza, evidenciando la desconexión entre la presión fiscal y el bienestar social.

Los detractores del régimen actual, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, argumentan que el modelo económico vigente se enfoca en la recaudación como mecanismo de desarrollo. Sin embargo, a pesar de que se genera un flujo significativo de ingresos fiscales, estos no se traducen en mejoras palpables en los servicios públicos, lo cual contrasta con los resultados de otros países que, pese a tener tasas impositivas más bajas, logran mejores índices de desarrollo humano.

El impacto del IVA en las familias nicaragüenses es especialmente regresivo, ya que los sectores más vulnerables son los que asumen una carga desproporcionada en comparación con sus ingresos. La mayoría de la población destina una gran parte de sus recursos a consumir bienes esenciales, lo que limita aún más su capacidad de ahorro e inversión en otras áreas como educación y salud.

El hecho de que Nicaragua y Honduras exhiban los salarios más bajos en la región, junto a uno de los índices de pobreza más altos, cuestiona la efectividad del sistema fiscal. Esto plantea dudas sobre cómo un elevado nivel de recaudación no logra generar un impacto positivo sobre las condiciones de vida de la mayoría de sus habitantes, quienes deben recurrir a fuentes privadas para satisfacer necesidades básicas en salud y educación.

Este contexto resalta cómo una política fiscal centrada en el IVA puede incrementar la desigualdad, en lugar de mitigarlas. La difícil situación económica de las familias nicaragüenses se ve agravada por la necesidad de cubrir prestaciones que deberían ser financiadas públicamente, reafirmando la urgencia de revisar el diseño y la implementación de políticas fiscales que verdaderamente prioricen la mejora del bienestar ciudadano.