Nueva audiencia en la causa por fentanilo contaminado y ex titular de Anmat

La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, ha solicitado recientemente ampliar su declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak. Su pedido se produce en el marco de la investigación judicial sobre la distribución de fentanilo contaminado, un anestésico que ha sido vinculado a la muerte de al menos 90 personas en diversas instituciones de salud del país. La audiencia está programada para el próximo lunes, clarificando así su situación penal y la de Gabriela Mantecón Fumado, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname).

Ambas ex funcionarias fueron detenidas a principios de agosto, aunque luego fueron liberadas tras pagar una caución de 75 millones de pesos. En la primera instancia de su declaración, Bisio optó por no contestar preguntas, mientras que Mantecón Fumado respondió en parte, indicando no recordar gran parte de los hechos que se le imputan.

La causa se centra en la comercialización de lotes de fentanilo que estaban contaminados con las bacterias Klebsiella y Ralstonia. Estos lotes, elaborados por Laboratorios Ramallo S.A. para HLB Pharma Group, comenzaron a ser distribuidos en enero de 2025 en centros de salud de todo el país. Los informes de los fiscales indican que se habrían cometido graves omisiones por parte de las autoridades de salud, que permitieron que los laboratorios continuaran operando a pesar de la detección de riesgos para los pacientes.

Uno de los elementos clave en esta investigación es una reunión que tuvo lugar el 14 de enero de 2025 entre las funcionarias y representantes de las empresas farmacéuticas. Esto se dio tras el hallazgo de serias violaciones a las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). En este encuentro, aunque se advirtió formalmente sobre los riesgos, las comunicaciones indican que la preocupación principal de las autoridades estaba relacionada con las implicaciones económicas para las empresas, no con la salud pública.

Esta situación ha generado un fuerte debate en torno a la responsabilidad de los organismos reguladores y su papel en la protección de la salud de los ciudadanos. La percepción de que el interés comercial prevaleció sobre el bienestar de los pacientes pone en duda la efectividad de los controles sanitarios en el país.

Con la próxima audiencia se espera que se esclarezcan más detalles sobre la complicidad de las autoridades y la reacción ante un problema que podría haberse evitado. La sociedad espera respuestas claras y medidas que prevengan este tipo de crisis en el futuro, resaltando la importancia de mantener los estándares de salud pública de manera rigurosa y efectiva.