Nueva ley de desalojos: cambios clave para propietarios e inquilinos

La Cámara de Senadores aprobó recientemente un proyecto de ley que introduce reformas significativas en el sistema de desalojos en Argentina. Esta iniciativa, conocida como el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, busca agilizar los procesos judiciales relacionados con desalojos, tanto en inmuebles urbanos como rurales.

Una de las modificaciones más relevantes es que se implementará la vía sumarísima para todos los juicios de desalojo, independientemente de la causa, lo que promete una resolución más rápida de los conflictos. Las acciones podrán ser iniciadas no solo por los propietarios, sino también por cualquier persona que pueda demostrar un interés legítimo en la propiedad, ampliando así el ámbito de quienes pueden actuar en estos casos.

El proyecto también contempla la facultad de los jueces para ordenar la entrega inmediata de una propiedad en casos de ocupación ilegal, siempre que se considere verosímil el derecho del reclamante. Sin embargo, para llevar a cabo esta entrega, podrá requerirse una caución para cubrir eventuales daños que pudieran surgir de una decisión incorrecta.

En cuanto a los desalojos por falta de pago de alquiler, la ley prevé que los propietarios deban notificar oficialmente al inquilino, otorgándole un plazo mínimo de 10 días para regularizar su situación antes de iniciar el proceso de desalojo. Esta modificación busca equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos, formalizando el proceso previo a la acción judicial.

Asimismo, se establecen nuevas condiciones para la entrega de llaves por parte de los inquilinos que decidan desocupar la propiedad. Si el propietario se niega a recibirlas, el inquilino podrá realizar una consignación judicial, lo que dejaría sin efecto sus obligaciones de pago a partir de la notificación.

La ley también introduce protecciones específicas para grupos en situación de vulnerabilidad, como menores, personas con discapacidad y adultos mayores. En estos casos, se prevé la intervención del Ministerio Público Tutelar, que podrá otorgar un plazo de hasta 10 días para que el afectado encuentre una solución habitacional.