Investigación por la desaparición del certificado de defunción de Facundo Astudillo Castro
La Justicia Federal investiga la extravío del certificado de defunción de Facundo Astudillo Castro, cuyo cuerpo fue encontrado hace seis años. Se busca determinar qué ocurrió con el documento y quién era responsable de su custodia.
A casi seis años del hallazgo del cuerpo de Facundo Astudillo Castro, la Justicia Federal ha comenzado una nueva investigación relacionada con la desaparición de su certificado de defunción. Este documento, fundamental para oficializar el fallecimiento, nunca fue incorporado al expediente judicial, lo que ha generado inquietud y nuevas líneas de investigación alrededor del caso.
El juez Walter López Da Silva está a cargo de la causa y ha ordenado revisar el recorrido del certificado de defunción original, que fue emitido por el Cuerpo Médico Forense tras la autopsia en 2020. Este documento, crucial para inscribir la muerte de Facundo en el Registro Nacional de las Personas, jamás fue registrado oficialmente. La utilización de este certificado se había planificado para completar la inscripción correspondiente, algo que a la fecha no se ha concretado.
La entrega del certificado a la médica Virginia Creimer, perito de la querella, se realizó el 3 de septiembre de 2020 con la autorización de la entonces jueza federal María Gabriela Marrón. Este hecho ha llevado a los abogados de la madre del joven, Cristina Castro, a solicitar la documentación que, sin embargo, se desconoce su paradero actual. La ausencia del certificado formaliza una serie de irregularidades dentro del proceso judicial que rodea la muerte de Facundo.
El juez ha requerido la intervención de tres fiscales para investigar la falta del documento, quienes deberán establecer quién fue la última persona responsable de su custodia y qué sucedió después de su entrega. La pesquisa incluye revisar las constancias del Cuerpo Médico Forense, los registros del juzgado y las comunicaciones con la parte querellante, así como también citar a las personas que participaron en el trámite de entrega del certificado.
La fiscal Iara Silvestre había sugerido que se emitiera un nuevo certificado para completar la inscripción del fallecimiento ante el RENAPER, pero esta solicitud fue negada por el juez. López Da Silva argumentó que la resolución de 2020 todavía está vigente y que, sin esclarecer el destino del original, emitir otro certificado podría dejar sin respuestas las irregularidades en el proceso.
La Cámara Federal de Bahía Blanca respaldó la decisión del juez, enfatizando la importancia de esclarecer lo sucedido con el documento antes de proceder con nuevas órdenes. Esta investigación no solo pone en foco la desaparición del certificado en sí, sino también cuestiona el manejo y la custodia de documentos oficiales dentro del sistema judicial argentino.