Nuevas restricciones al alquiler en zonas tensionadas de España

A partir de este jueves, varios municipios de España, incluidos Santiago de Compostela y Basauri, verán implementadas nuevas restricciones en los alquileres, en el marco de la declaración como zonas de mercado residencial tensionado. Las medidas se centran en limitar el precio de los nuevos contratos de alquiler, con la intención de mitigar el impacto del aumento en los costos de vivienda, que ha afectado a millones de personas en el país.

La regulación alcanzará a Santiago de Compostela y a Basauri, mientras que en Asturias la aplicación será más limitada, afectando solamente a ciertos barrios. En Gijón, por ejemplo, se implementará en La Arena y Cimadevilla, mientras que en Avilés estará restringida a La Magdalena. Con estas incorporaciones, el total de localidades consideradas como zonas tensionadas asciende a 317, que albergan alrededor de 9,3 millones de habitantes,

La medida no implica la reducción automática de los alquileres existentes, sino que se aplicará cuando se firmen nuevos contratos. Según la norma, el propietario no podrá fijar un alquiler superior a la última renta de los últimos cinco años, ajustada a los límites establecidos por el índice estatal correspondiente. Además, no podrá cargar en el nuevo contrato gastos que no existieran anteriormente, con el fin de evitar incrementos encubiertos en el costo total.

Existen excepciones que permiten incrementar el alquiler en un 10% en circunstancias específicas, como la realización de obras de rehabilitación que aumenten la eficiencia energética. Esto pretende incentivar mejoras en la calidad de las viviendas, aunque con controles estrictos. Por otro lado, se define como "gran tenedor" a aquellos propietarios que poseen múltiples inmuebles en las áreas afectadas, lo que les someterá a criterios más rigurosos para el establecimiento de precios.

De esta manera, se busca garantizar un acceso más equitativo a la vivienda, en un contexto donde las tensiones en el mercado inmobiliario han sido objeto de críticas tanto a nivel social como político. La implementación de estas medidas se contempla inicialmente para un período de tres años, con revisiones periódicas para evaluar su efectividad.

Esta iniciativa se enmarca dentro de un contexto más amplio de políticas habitacionales en España, que buscan abordar la problemática del aumento de los alquileres en diferentes provincias. Así, se espera que esta regulación contribuya a equilibrar la oferta y la demanda en el sector, buscando un acceso más amplio a viviendas asequibles en lugares críticos.