Nuevo capítulo en el conflicto territorial de la comunidad Paichil Antriao

El prolongado conflicto que enfrenta a la comunidad Paichil Antriao en Villa La Angostura ha entrado en una nueva fase, centrada en las costas judiciales que podrían derivarse del litigio. Recientemente, se reportó que los honorarios y gastos asociados con el proceso podrían rondar los 100.000 dólares, una cifra aportada como estimación y no como un monto definitivo.

La disputa se origina en un juicio iniciado en 2013 por Ana María Bianchedi de Terzolo y Andrés Luis Ángel Mattana Besozzi, quienes reclaman la restitución de un inmueble cercano a Puerto Elma. Durante más de diez años, el caso ha atravesado distintas instancias judiciales y ha involucrado apelaciones ante la Cámara de Apelaciones y el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.

Las resoluciones judiciales actuales establecen que las costas del proceso deberán ser cubiertas por la parte que pierda el juicio, fijando porcentajes para calcular los honorarios profesionales. En particular, el 30% del monto que determine el juzgado de primera instancia se destinará a las costas por la intervención ante la Cámara, mientras que el 25% aplicará ante el Tribunal Superior.

Es importante aclarar que la cifra de 100.000 dólares no es un juicio liquidado, sino una estimación que sirve para dimensionar el posible costo del litigio. El monto, además, será liquidado en pesos argentinos, aunque se utiliza el dólar como referencia para mejor entendimiento.

Este litigio es parte de un conflicto territorial más amplio que la comunidad Paichil Antriao ha sostenido con propietarios privados y entidades estatales a lo largo de varios años. La situación se complica por el trasfondo histórico de disputas territoriales en la región, donde las comunidades mapuches han estado luchando por el reconocimiento y restitución de tierras.

Con el litigio y su eventual resolución en la vista, se abre una nueva etapa en la que será crucial determinar las costas y los honorarios que se han acumulado a lo largo del proceso. El desenlace podría tener un impacto importante sobre la comunidad, tanto a nivel económico como en su lucha por los derechos territoriales en la Patagonia.