Nuevo decreto de Milei endurece sanciones por operaciones en Malvinas
El gobierno de Javier Milei emitió un decreto que centraliza las funciones administrativas y sancionatorias respecto a las actividades en las islas Malvinas. Este nuevo marco regulatorio también impacta en la cuenca neuquina, donde se establece un régimen más riguroso para las inversiones en el sector energético.
En un reciente anuncio, el gobierno nacional oficializó el decreto 868/2026, donde la Cancillería se convierte en la autoridad encargada de aplicar la ley 26.659, la cual regula las operaciones en las zonas de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Esta decisión busca fortalecer la coordinación entre las sanciones administrativas y la estrategia diplomática del país ante situaciones de violación a la normatividad vigente por parte de individuos o empresas.
Uno de los pilares del nuevo decreto es el Régimen de Inversiones para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga un marco de estabilidad fiscal y cambiaria por un período de 30 años. A partir de ahora, para acceder a este régimen, las solicitudes deberán incluir una declaración jurada que asegure el cumplimiento de la ley ante la Cancillería. Este requisito también se aplica a las solicitudes de exploración y concesiones de hidrocarburos, simplificando algunos trámites aunque incrementando la responsabilidad de los involucrados.
El nuevo marco normativo establece plazos ajustados para que los organismos gubernamentales informen sobre posibles infracciones, fijando un máximo de cinco días hábiles. Una vez abierto el sumario, los investigados tienen diez días para presentar su descargo, lo que promete acelerar la respuesta estatal frente a conductas no autorizadas. Las sanciones podrían incluir inhabilitaciones y la reversión de concesiones, fortaleciendo así el marco sancionatorio que ya existía desde 2011 sin un mecanismo adecuado para su implementación.
Durante la presentación de este decreto, el canciller Pablo Quirno alertó a las empresas sobre la necesidad de decidir si continuar operando en un área que considera ilegítima o volcarse a invertir en el mercado nacional, que ofrece más estabilidad. Esto implica un claro mensaje sobre la presión que se ejercería sobre las operadoras y sus proveedores, incluidos los servicios petroleros y logísticos.
Las expectativas del gobierno son que este endurecimiento de las normas genere un efecto disuasorio en las operaciones no autorizadas y que, al mismo tiempo, incentive nuevas inversiones en la cuenca neuquina. El impacto de esta medida podría ser significativo para el desarrollo energético en las provincias de Neuquén y Río Negro, donde la actividad hidrocarburífera es crucial para el crecimiento económico local.
Finalmente, estas medidas reflejan una postura firme del gobierno argentino en el contexto de la controversia histórica sobre la soberanía de las Islas Malvinas, buscando además fomentar un entorno de inversión más seguro y regulado para las empresas nacionales e internacionales.