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Nuevo enfrentamiento judicial en Allen entre el intendente y concejales

El intendente de Allen, Marcelo Román, y tres concejales han presentado denuncias penales mutuamente en el marco de un proceso de revocatoria. Las acusaciones involucran la validez de las firmas para la revocatoria y el manejo de fondos de regalías hidrocarburíferas.

Por Mara Diaz4 min de lectura
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Nuevo enfrentamiento judicial en Allen entre el intendente y concejales

La crisis política en Allen se intensifica mientras avanza el proceso de revocatoria contra el intendente Marcelo Román. Este proceso, iniciado por la vecina Silvina Cantero con 3.111 firmas recolectadas, se encuentra ahora en una etapa crucial donde se requiere alcanzar 4.579 firmas, equivalentes al 20% del padrón electoral de 2023. El período para reunir estas firmas finalizará el 9 de octubre.

Mientras tanto, Román ha cuestionado la autenticidad de las firmas presentadas, argumentando que algunas pertenecen a personas no inscriptas y que hay irregularidades en las planillas. Como respuesta, realizó una denuncia penal ante la Fiscalía Descentralizada de Allen, alegando la posible falsificación de documentos relacionados con esa recolección de firmas. Su denuncia menciona artículos del Código Penal que tipifican tales acciones y demanda una investigación para identificar a los responsables.

Por su parte, los concejales Fabián Figueroa, Guillermo Pennesi y Fabián Sánchez han presentado una contra-denuncia a Román, centrándose en la supuesta malversación de fondos provenientes de regalías hidrocarburíferas. Esta acusación refleja una creciente desconfianza y rivalidad entre el ejecutivo municipal y la legislatura local de Allen.

El concejo deliberante, que realizó un control de las firmas, validó 2.345 de las 3.111 presentadas inicialmente, lo que Román cuestiona por la falta de acceso a los documentos originales durante el proceso de fiscalización. Este cruce de acusaciones se suma a un contexto de tensiones políticas que han marcado la gestión de Román desde su asunción.

Con esta situación, ambos lados han optado por plantear sus quejas en los estrados judiciales, lo que marca un cambio en la dinámica política de la ciudad, ya que la resolución de estas denuncias podría tener repercusiones no solo en el proceso de revocatoria, sino también en la gobernabilidad de Allen. La judicialización de la política local podría desestabilizar aún más el clima en un municipio que ya enfrenta desafíos significativos.

La comunidad de Allen está atenta al desarrollo de esta situación, ya que el resultado de las denuncias podría determinar el futuro de la administración de Román. Mientras tanto, los habitantes del municipio continúan participando en las diversas etapas del proceso de revocatoria, con el objetivo de ejercer su derecho a decidir sobre el rumbo de su gobierno local.

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