Nuevos aranceles de EE. UU. impactan la logística exportadora de América Latina

Recientemente, Estados Unidos puso en marcha un nuevo esquema arancelario que establece tasas de entre 10% y 12,5% para 60 países. Esta medida, enmarcada en la Sección 301 de la ley comercial estadounidense, obliga a las empresas latinoamericanas a revisar y ajustar sus cadenas de suministro, en respuesta a un arancel global temporal que había estado en vigor desde febrero.

La aplicación de estas tasas no es uniforme, ya que cada país enfrenta diferentes excepciones y porcentajes según el tipo de producto. Esta diversidad complica la logística de exportación, donde operadores logísticos deben realizar un análisis más detallado de cada partida arancelaria, dado que un mismo envío puede contener artículos gravados y otros exentos. Por ejemplo, en Uruguay, el 77,5% de los productos a Estados Unidos está exceptuado, mientras que en Perú, un 55% de su valor exportado enfrentará el nuevo arancel, lo que genera importantes retos para la planificación comercial.

Además, el encarecimiento de los costos de exportación puede afectar los márgenes de sectores que dependen en gran medida del mercado estadounidense, llevando a varios exportadores a reconsiderar sus rutas y métodos de transporte. Aquellos que trabajan con productos de bajo valor agregado deben evaluar con especial atención el impacto de un arancel adicional, ya que puede alterar significativamente su competitividad. En Centroamérica, países como Guatemala y Honduras enfrentan un arancel adicional del 10%, lo que suma a los costos existentes de transporte marítimo.

Frente a esta situación, algunos países, como Ecuador, están buscando diversificar sus mercados. Ecuador firmó recientemente un tratado de libre comercio con Canadá que elimina aranceles para la mayoría de sus productos, buscando reducir la dependencia del mercado estadounidense. Por otro lado, Panamá se ha beneficiado al quedar excluido del nuevo régimen arancelario, preservando su esquema comercial con Estados Unidos desarrollado desde 2012.

Los acuerdos comerciales bilaterales cobran relevancia ante la creciente inestabilidad de la política arancelaria estadounidense, que ha mostrado cambios más frecuentes. La posibilidad de contar con destinos alternativos puede ayudar a los operadores logísticos a mitigar los riesgos derivados de alteraciones en las normativas comerciales.

Asimismo, varios gobiernos de la región están explorando la posibilidad de pedir una reevaluación de sus tasas aduaneras ante las autoridades estadounidenses, especialmente en relación con la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso. Esta acción mantiene en suspenso parte del nuevo esquema arancelario y obligará a las naciones a seguir adaptándose a un entorno comercial en constante cambio, con la meta de mantener la competitividad de sus exportaciones en un mercado cada vez más exigente.