Ocho nuevos cargos en la Defensoría Pública de Río Negro

La Legislatura de Río Negro ha dado un paso significativo hacia la modernización de su sistema judicial al aprobar, de manera unánime, la creación de ocho nuevos cargos en la Defensoría Pública. Esta reforma incluye la introducción de la figura de Defensor Coordinador para los fueros Civil y Penal, los cuales estarán presentes en las cuatro circunscripciones judiciales: Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti.

La iniciativa, que fue impulsada por legisladores de distintos espacios políticos, modifica varios artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La implementación de estos nuevos cargos tiene como propósito descentralizar las responsabilidades, ofrecer una mejor supervisión sobre los equipos de trabajo, y, fundamentalmente, fortalecer la asistencia jurídica para quienes están en situación de vulnerabilidad.

El aumento de personal en la Defensoría es necesario debido al crecimiento que ha experimentado el Ministerio Público de la Defensa en los últimos años. Según datos recientes, la institución cuenta actualmente con 305 empleados y 157 defensores, sin embargo, la Defensoría General apenas dispone de siete personas en su estructura administrativa, lo que complicaba la coordinación y gestión del personal y limitaba la planificación de políticas institucionales.

Los nuevos Defensores Coordinadores tendrán una serie de responsabilidades tanto administrativas como judiciales. En lo administrativo, serán responsables de la organización de equipos, la autorización de licencias y el seguimiento de requerimientos. En el ámbito penal, podrán intervenir en audiencias con jurados, elaborar apelaciones y supervisar causas complejas, así como también visitar establecimientos penitenciarios para garantizar el respeto de los derechos de los internos.

En el fuero civil, los coordinadores estarán encargados de participar en recursos judiciales, coordinar la labor de los equipos de trabajo y realizar visitas a instituciones que atienden a niños, adolescentes, adultos mayores y otras personas en condiciones de vulnerabilidad. Esto refleja un compromiso por parte del Estado para mejorar la asistencia a los sectores más desprotegidos.

Este conjunto de reformas no solo representa una actualización institucional, sino que también busca atender las crecientes demandas de un sistema judicial que debe adaptarse a las realidades sociales y económicas de Río Negro. La implementación de estos cambios se espera que tenga un impacto positivo en la calidad del servicio de la Defensoría Pública, beneficiando a aquellos que más lo necesitan en la provincia.