Oposición solicita interpelación de Santilli por falta de presupuesto universitario

La situación del financiamiento universitario en Argentina se ha convertido en un tema de controversia en el Congreso. Tras la reciente ratificación de una cautelar por parte de la Corte Suprema, que exige al Gobierno la actualización de los presupuestos pautados en la Ley de Financiamiento Universitario, la oposición ha tomado acciones para exigir respuestas claras al Ejecutivo. Esto incluye la interpelación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante la Cámara de Diputados.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Blanca Osuna, ha liderado la iniciativa que pretende esclarecer las razones por las cuales el Gobierno aún no ha ejecutado completamente las partidas presupuestarias derivadas de la ley 27.795, a pesar de la obligación legal. En su requerimiento, Osuna también solicita un cronograma de recomposición salarial y una evaluación de la situación presupuestaria de los hospitales universitarios, que también enfrentan desafíos económicos.

La situación es crítica. Osuna ha denunciado que el presupuesto destinado a la educación universitaria ha descendido de un 0,72% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2023 a solo un 0,47% en 2026, un nivel que no se conocía desde 2004. Este recorte, según la diputada, pone de manifiesto la falta de prioridad del Gobierno en la inversión en educación superior, en momentos en que el país enfrenta desafíos económicos significativos.

Además, Osuna ha resaltado una controversia adicional: la condonación de 1.842 millones de dólares en deudas a las compañías de servicios Edenor y Edesur, lo que ha suscitado críticas sobre la distribución de recursos y la posible falta de atención hacia las áreas más vulnerables, como la educación y la salud.

La diputada también ha unido fuerzas con su colega Juan Carlos Molina para exigir al presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, que convoque a una reunión informativa con carácter urgente. Esto se justifica, entre otras razones, por las declaraciones de Finocchiaro, quien había afirmado que los giros presupuestarios estarían disponibles para mediados de julio, un compromiso que a la fecha continúa incumplido.

A medida que la oposición presiona por claridad y acciones concretas, el futuro del financiamiento universitario permanece en el centro de una creciente disputa política. La incertidumbre respecto a los fondos destinados a la educación superior plantea preguntas sobre las prioridades del Gobierno y su enfoque hacia las instituciones educativas en el país.