Ordenan auditoría rápida por demoras en casos de homicidio en Chubut
El Tribunal Superior de Justicia de Chubut inició una auditoría urgente en dos causas penales por homicidio tras el reclamo de familiares de las víctimas. Esta medida busca detectar demoras y mejorar el proceso judicial relacionado con estos casos que impactaron a la comunidad local.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chubut ha ordenado la realización de una auditoría en dos causas penales por homicidio, siguiendo el reclamo de los familiares de las víctimas, Mario “Pato” García y Alejandro Palemarchuk. Esta decisión responde a la preocupación generada por las demoras en el esclarecimiento de ambos casos, cuya gravedad ha conmocionado a la comunidad de la región.
Los familiares de García y Palemarchuk habían formulado reclamos reiterados ante el TSJ ante la falta de respuestas sobre el avance de las investigaciones. La auditoría, que tendrá un plazo de ejecución de 15 días, estará a cargo del juez Carlos Augusto Borges, quien deberá presentar un informe sobre el estado de los expedientes. Esta medida busca detectar posibles demoras injustificadas y garantizar el derecho a una justicia oportuna y efectiva, en línea con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Justicia.
Mario “Pato” García, un vecino de 50 años del barrio 2 de Abril, había desaparecido en diciembre de 2025. Sus restos fueron hallados en enero de 2026 en un descampado, y el análisis de ADN confirmó su identidad. García había denunciado públicamente a un alto oficial de policía antes de su desaparición, y su familia sostiene que su denuncia pudo haber sido un factor desencadenante de su homicidio.
Por su parte, Alejandro Palemarchuk, de 34 años, fue víctima de un brutal ataque a mano de un grupo de más de diez personas frente a su hogar en el barrio Vista Hermosa. Tras ser dado de alta, sufrió una descompensación que provocó su fallecimiento el 6 de julio de 2026. La madre de Palemarchuk ha manifestado su preocupación por posibles irregularidades en la investigación, asegurando que hay fiscales y abogados implicados que podrían estar protegiendo a los agresores.
La auditoría no solo pretende analizar el estado de las causas sino también verificar que se cumplan todos los procedimientos necesarios durante la instrucción penal. En la resolución se subraya que el juez auditor no podrá expresar ningún tipo de valoración sobre los hechos para mantener la imparcialidad necesaria ante posibles apelaciones futuras.
La decisión del TSJ llega en un contexto de creciente exigencia social por una justicia más eficiente y transparente, especialmente en casos que han captado la atención pública y han generado un alto nivel de preocupación comunitaria. Se espera que los resultados de esta auditoría ofrezcan claridad sobre los retrasos en el avance de estas investigaciones, fundamentales para la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.