Ordenan bloquear plataformas digitales y licencia de conducir por deuda alimentaria

La Justicia de El Bolsón ha tomado una decisión firme respecto a un padre que debe una suma considerable de 3.983.459,83 pesos en concepto de cuota alimentaria. La jueza Paola Bernardini dictó una resolución que suspende las cuentas del deudor en varias plataformas digitales, incluyendo Netflix, Disney+, Spotify y YouTube, además de inhabilitar su licencia de conducir. La intención detrás de esta medida es generar incomodidades que lo motiven a cumplir con su obligación lega hacia su hijo.

La promoción de estas medidas prohibiciones no es habitual, pero se justifican en el contexto amplio de asegurar el bienestar de los menores, considerando que el incumplimiento de obligaciones alimentarias afecta directamente su calidad de vida. La jueza Bernardini enfatizó que los derechos de los hijos a una vida digna son prioritarios, lo que refleja una creciente atención por parte del sistema judicial hacia el respeto de las responsabilidades parentales.

Cabe destacar que la orden incluye también una notificación a la Municipalidad de Cipolletti, donde deberá inhabilitarse y no renovarse el carnet de conducir del padre deudor hasta que se regularice su situación. La medida se encuentra en línea con las búsquedas de la justicia para hacer cumplir las normativas de mantenimiento de hijos, que tanto en Río Negro como en otras jurisdicciones, tiende a adoptar una postura más rigurosa ante la morosidad alimentaria.

Más allá de las restricciones impuestas, se había intentado previamente embargar una moto que pertenecería al padre como parte de los esfuerzos por satisfacer la demanda, pero dicho intento no llegó a concretarse. Este tipo de acciones legales ha incrementado en años recientes debido a la gran cantidad de casos de incumplimiento de cuotas alimentarias, creando un creciente descontento social sobre el tema.

Las medidas como estas buscan hacer rendir cuentas a los padres para que ejerzan sus responsabilidades de manera efectiva. En este contexto, las autoridades judiciales priorizan el interés superior de los niños, lo que implica que cualquier acción que restrinja las libertades del padre son consideradas bajo esta premisa. De aquí en adelante, la justicia evaluará el cumplimiento de la deuda y decidirá sobre posibles medidas adicionales, en caso de que esta situación no se regularice a la brevedad.