Ordenan completar el desalojo mapuche en Villa La Angostura tras fallido intento

La Justicia de Neuquén ha decidido reiniciar el proceso de desalojo de un terreno de aproximadamente 625 hectáreas, ubicado a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura. La iniciativa, que se había comenzado a ejecutar el 19 de agosto y que resultó inconclusa, busca cumplir con una orden de restitución a la propietaria del terreno, María Cristina Broers, quien reclama la titularidad desde 1969.

El conflicto legal se remonta a 2011, cuando miembros de la lof Melo ingresaron al predio sin consentimiento. Posteriormente, otros individuos de la comunidad mapuche Lof Kinxikew se sumaron a la ocupación. Desde entonces, el caso ha atravesado diversas instancias judiciales, en las cuales los argumentos de la defensa han sido rechazados y se ha mantenido la orden de devolución del inmueble a su propietaria.

El 19 de agosto, el intento de desalojo fue parcial, ya que las fuerzas de seguridad lograron desalojar a algunos ocupantes de la Lof Melo, pero al enfrentar un nuevo sector del predio, la operación se suspendió ante la presencia de menores y la falta de funcionarios de la niñez. Esto llevó al juez Francisco Astoul Bonorino a emitir un nuevo mandamiento, aunque sin especificar una fecha para su cumplimiento.

Las tierras en disputa se sitúan entre Bariloche y Villa La Angostura y están atravesadas por la Ruta Nacional 40, una vía clave para el turismo en la región. La Lof Melo ocupaba una zona cercana al lago Nahuel Huapi, generando un ambiente tenso que motiva movilizaciones de apoyo por parte de adherentes a la causa mapuche.

La situación se complica debido a que el proceso de desalojo ha sido interrumpido en varias ocasiones, incluyendo un intento en marzo de este año que fracasó por la falta de personal policial suficiente. Este contexto resalta la complejidad de los conflictos territoriales en la Patagonia, donde los reclamos de comunidades originarias a menudo chocan con derechos de propiedad tradicionales, generando un clima de incertidumbre.

A medida que la Justicia busca avanzar con este nuevo desalojo, el impacto en la comunidad mapuche y en las relaciones con autoridades y la sociedad civil se torna relevante. Se espera que la continuación de este proceso genere nuevas repercusiones, tanto en el ámbito legal como en el social.