Ordenan desalojo de familias que ocuparon un terreno privado en Neuquén

La situación en Neuquén se torna tensa tras la orden de desalojo emitida por el Ministerio Público Fiscal para un terreno privado ocupado por un grupo de aproximadamente 100 personas. Este predio, ubicado en el noroeste de la ciudad, cobró notoriedad cuando un grupo de familias decidió acampar allí, afirmando que había estado abandonado durante más de diez años.

El fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, solicitó a la Policía provincial que proceda al desalojo completo del predio, basado en una autorización judicial del juez de garantías Juan Manuel Kees. El desalojo deberá realizarse en un plazo máximo de 48 horas, garantizando que la propiedad sea devuelta a su dueño inmediatamente después del procedimiento.

Los ocupantes, que instalaron alrededor de 25 carpas, argumentan que tomaron esta decisión debido a su desesperante situación habitacional, destacando que han enfrentado dificultades para acceder a una vivienda propia. Mencionaron que no se irán del lugar sin una solución concreta, evidenciando la crisis de vivienda que atraviesan muchas familias en la región, donde la espera por respuestas del IPVU (Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo) resulta frustrante.

Varios vecinos que apoyan la ocupación mencionaron problemas asociados al terreno, como la acumulación de residuos, la falta de iluminación y situaciones de inseguridad que han afectado a la zona durante años. Esto ha llevado a la comunidad a considerarlo desocupado y a presentarlo como una solución temporal ante la falta de opciones habitacionales.

Una mujer, participante del grupo de ocupantes, expresó que se trata de vecinos autoconvocados que se han cansado de vivir de alquiler y de las promesas incumplidas por parte de las autoridades. Esta situación pone de relieve la demanda de vivienda en Neuquén y plantea interrogantes sobre las políticas públicas en materia de acceso a la vivienda que faltan en la provincia.

La intervención de la Justicia y la Policía marca un nuevo capítulo en este conflicto, donde se enfrentan el derecho a la propiedad privada y las legítimas necesidades de vivienda de muchas familias. En este contexto, la presión social y la falta de alternativas viables para los sectores más vulnerables serán determinantes en cómo se desarrolle la situación en los próximos días. La presencia de menores de edad en el lugar también ha sido considerada, lo que podría complicar aún más el procedimiento del desalojo.