Organizaciones de Río Negro piden que la Corte continúe con el amparo de la Ley de Tierras

La diputada provincial Magdalena Odarda, en conjunto con organizaciones sociales, ambientales y comunidades indígenas de Río Negro, ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reanude el amparo relacionado con la Ley de Tierras Rurales 26.737. La presentación se produce tras un fallo de la Corte que desestimó el reclamo impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que no fue considerado apto para promover la acción legal debido a falta de legitimación.

El amparo planteado desde Río Negro es un seguimiento de una acción judicial anterior realizada en 2024 por la Asociación Civil Árbol de Pie y miembros de las comunidades indígenas Lof Futa Anekon y Lafkenche. A diferencia del caso del CECIM, este nuevo recurso busca no solo reafirmar la soberanía nacional sobre las tierras, sino también abordar cuestiones críticas como la protección del medio ambiente, los recursos hídricos y los derechos de los pueblos originarios.

El proceso judicial había comenzado en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche y fue derivado por el juez Gustavo Villanueva al expediente del CECIM, aunque los amparistas rionegrinos argumentan que sus fundamentos son distintos y más amplios. Por ello, a través del nuevo recurso, piden que la Corte reconsidere su decisión y permita que el caso rionegrino sea evaluado en profundidad.

La Ley de Tierras Rurales, que fue derogada por el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, había sido establecida en 2011 con el objetivo de regular la adquisición de tierras rurales por entidades o personas extranjeras. La derogación ha suscitado preocupaciones sobre la protección de los recursos naturales en la Patagonia, una región donde las tierras pueden ser particularmente vulnerables a la explotación por intereses extranjeros.

Odarda enfatiza que la lucha por la vigencia de esta ley no solo se centra en los aspectos legales, sino que también aboga por la defensa del entorno natural, el acceso al agua y la preservación de los derechos de las comunidades indígenas. La legisladora se comprometió a seguir explorando todas las opciones jurídicas disponibles para asegurar que la legislación sobre tierras en la región se mantenga y cumpla con su objetivo de protección.

Mientras tanto, la situación sigue generando tensiones entre diferentes grupos que buscan salvaguardar la integridad de los recursos naturales en la Patagonia. La respuesta de la Corte Suprema a este recurso será clave para definir el futuro del uso y la tenencia de tierras en esta región del país.