Organizaciones exigen intervención de la ONU tras represión en marcha universitaria

La reciente represión de manifestantes que defendían la universidad pública ha generado una fuerte reacción de más de 40 organizaciones, que han solicitado la intervención de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Este pedido surge tras los incidentes ocurridos durante la quinta marcha federal universitaria, donde las fuerzas de seguridad emplearon balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes contra los presentes, incluidos estudiantes y docentes.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, intentó desacreditar a los manifestantes en redes sociales, haciendo referencia a ellos como "los mismos violentos de siempre". Sin embargo, organismos de derechos humanos han denunciado que el accionar de las fuerzas a su cargo fue desmedido y violento, lo que causó críticas a su gestión y un rechazo general a su postura. Durante la protesta, se registraron varios heridos, incluido un adolescente que será sometido al nuevo régimen penal juvenil debido a su detención.

Fue evidente que el operativo de represión buscaba controlar cualquier intento de culminar pacíficamente el acto. Los incidentes comenzaron alrededor de las 15:30, con el uso de chorros de agua dirigidos a los manifestantes y, poco después, la utilización de gases lacrimógenos, que incluso llegaron a ingresar en el Congreso de la Nación. El registro de los eventos fue alarmante, con múltiples reportes de heridos entre el personal del periodismo, incluyendo a un fotógrafo de Página/12 que sufrió impactos de bala de goma.

La violencia del gobierno en situaciones de protesta ha sido un tema recurrente en la memoria social en Argentina. Un episodio notable en este contexto es la represión vivida el 12 de marzo del año pasado, cuando un proyectil disparado por un lanzagases causó graves lesiones a un fotógrafo. Este patrón de represión es visto por muchos como una forma sistemática de silenciar la disidencia, poniendo en riesgo a quienes ejercen su derecho a manifestarse.

La respuesta del CELS y otras organizaciones es fundamental en este contexto, ya que advierten sobre un modelo de gobernanza que recurre a la represión en lugar de al diálogo. La convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos son pilares esenciales en una democracia, que actualmente están siendo desafiados por la violencia policial.

Frente a estas circunstancias, se requiere una evaluación crítica del uso de la fuerza por parte del Estado, así como una acción decidida de organismos internacionales para salvaguardar los derechos humanos en el país. La intervención solicitada a la ONU refleja una necesidad urgente de protección y supervisión en el contexto de un creciente ambiente de represión.