Pablo Catatumbo en riesgo de expulsión de la JEP por incumplimiento

Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo y exintegrante del secretariado de las Farc, se encuentra en una posición crítica respecto a su estatus dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta situación se debe a la falta de su comparecencia y cumplimiento de obligaciones asociadas a su condición de exguerrillero tras su desmovilización. La JEP ha establecido un plazo hasta el 4 de agosto de 2026 para que Catatumbo responda a un cuestionario que sustituye su presencia física en el tribunal. En caso de no cumplir, el tribunal podría considerar su expulsión del régimen de condicionalidad, que le otorga beneficios dentro del proceso de justicia transicional.

La JEP ha documentado varios incumplimientos por parte de Catatumbo, quien no ha comparecido ante el tribunal desde que fue citado para rendir declaración el 9 de febrero. Esto ha llevado a que nuevas fechas se reprogramen debido a su estado de salud, pero la magistrada a cargo ha criticado la falta de información sobre su situación. Inicialmente, se había solicitado un informe médico para justificar las ausencias, pero el abogado defensor no presentó la documentación requerida en tiempo y forma, lo que ha generado alarma en la JEP.

Este asunto reviste especial importancia, ya que Catatumbo está implicado en el macrocaso 10, que investiga crímenes de guerra cometidos por las Farc, incluyendo atentados emblemáticos como el ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas y el ataque a El Nogal en Bogotá. El JEP considera esencial que los exguerrilleros comparezcan y aporten verdad sobre sus acciones en el conflicto armado, como parte de sus obligaciones bajo el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

A pesar del deterioro de su salud, que su defensa ha comunicado, la falta de respuesta de Catatumbo ha llevado a la JEP a indicar que su eventual incumplimiento de estas nuevas obligaciones podría concluir en un proceso adicional de verificación de su régimen. Además, se ha hecho hincapié en que su abogado es el responsable de mantener la comunicación fluida con el tribunal, lo que también ha sido objeto de reproche por parte de la JEP.

La situación de Catatumbo es un símbolo del desafío que enfrenta el sistema de justicia transicional en Colombia, donde se busca reconducir las consecuencias de un conflicto armado de más de cinco décadas. La insistencia de la JEP sobre estos procesos también refleja el compromiso de las instituciones colombianas de garantizar la reparación de las víctimas y el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto. En este contexto, el desenlace del caso de Catatumbo y su eventual expulsión de la JEP podría sentar un precedente significativo en la aplicación de justicia frente al incumplimiento de los acuerdos.