Pareja deberá abandonar vivienda familiar tras 20 años; recibirán $21 millones

Un tribunal de Bariloche notificó a un hombre y su esposa que deben dejar el fondo de la propiedad familiar, donde vivieron durante más de dos décadas. La decisión judicial responde a un reclamo de la madre del hombre, quien argumentó que le habían ocupado el terreno sin su autorización, aunque al inicio de la convivencia se había permitido dicha ocupación para brindarles un hogar y evitarles gastos de alquiler.

El conflicto se originó en 1999 cuando la madre, propietaria del terreno, permitió que su hijo y su nuera comenzaran a construir en la parte trasera de su casa. Con los años, la pareja edificó una vivienda y realizó diversas mejoras, invirtiendo tanto en materiales como en mano de obra. Sin embargo, la relación familiar se complicó y la madre decidió retomar la posesión de su propiedad, lo que llevó a presentar formalmente una demanda judicial para que la pareja desocupara el lugar.

El argumento de la pareja se basó en la usucapión, que permite adquirir derechos sobre un inmueble a partir de la ocupación. Sin embargo, este argumento fue desestimado por los jueces, quienes señalaron que la ocupación se había realizado originalmente con el consentimiento de la madre, y por tanto no se configuraba la posesión exclusiva necesaria para reclamar propiedad. La jueza civil, María Eliana Reynals, determinó que la madre era la titular del inmueble y tenía derecho a la restitución del terreno.

La decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, que enfatizó que la construcción de la vivienda y las mejoras no acreditaban un derecho de propiedad por parte de la pareja, ya que se trataba de una tolerancia familiar y no de una posesión con ánimo de dueño. Esto resulta relevante en el contexto legal, donde la usucapión requiere varios criterios específicos que no se cumplieron en este caso.

A pesar de la orden de desalojo, el fallo también reconoció las inversiones realizadas por la pareja en la construcción de la vivienda. La jueza estipuló que la madre debería compensar a su hijo y nuera con más de 21 millones de pesos por las mejoras realizadas en la propiedad, una resolución que busca equilibrar los intereses de ambas partes tras un largo conflicto familiar.

El impacto de esta decisión no solo afecta a la pareja involucrada, sino que también pone de manifiesto tensiones comunes en relaciones familiares vinculadas a la propiedad, especialmente en una región donde las viviendas suelen ser heredadas y la convivencia puede complicar situaciones legales relativas a la propiedad.

En consecuencia, la pareja deberá buscar una nueva residencia, a la vez que se espera que se lleve a cabo el proceso de pago estipulado en la resolución judicial. La situación refleja realidades de vivienda y derechos en el contexto local, que pueden ser objeto de futuros debates y litigios.